Tras meses de polémica relacionada a la propuesta de descafeinar la ley 3de3, hoy arranca el periodo extraordinario de sesiones en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
La legislación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) será el tema principal que se abordará en las sesiones legislativas y en donde se buscarán acuerdos.
Ricardo Anaya, dirigente del PAN, aseguró que, luego del resultado de los comicios del pasado 5 de junio, los ciudadanos mandaron un mensaje en el que exigen acabar con la corrupción en el país.
“Nosotros recibimos muy bien el mensaje, y continuaremos trabajando intensamente para que se cumpla la voluntad de la ciudadanía. Ese mensaje fue muy claro: los mexicanos no quieren más servidores públicos corruptos”, sentenció.
“Acción Nacional no defraudará el anhelo ciudadano, y en este período extraordinario de sesiones nuestros diputados y senadores aprobarán las leyes secundarias que permitan prevenir, investigar y sancionar la corrupción”.
Miguel Barbosa, líder de la bancada del PRD en la Cámara alta, manifestó que su partido insistirá en no descafeinar la ley 3de3, tal como propusieron el PRI y el Verde.
“Evidentemente esta propuesta no satisface las expectativas ciudadanas, que exigen transparencia a sus gobernantes. Desde mi perspectiva, las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal deben tener carácter de público y no podrá ser reservado su acceso”, señaló.
El tricolor y el partido del tucán, por su parte, afirmaron la semana pasada que impulsarán la aprobación de las leyes secundarias en materia anticorrupción en este periodo extraordinario.
El Senado no sólo pretende limitar la Ley 3de3, sino también rasurar las reformas al Código Penal Federal para que no sean castigados los legisladores que piden “moches”.
Tampoco serían sancionados los funcionarios que incurren en tráfico de influencias o las empresas que mienten sobre sus ganancias en los contratos públicos.
El proyecto de dictamen no contempla castigos penales para los funcionarios que obtengan bienes muebles, inmuebles o beneficios patrimoniales de personas físicas o morales que reciban recursos públicos, como se denunció en el escándalo de la Casa Blanca.
Tampoco establece castigos para las personas morales o empresas que, al ser titulares de un contrato, permiso o concesión, de un bien o servicio públicos, oculten o falseen información sobre su explotación, como el caso OHL.
La última redacción, circulada entre los legisladores, no establece sanciones penales contra los legisladores involucrados en tráfico de influencias, a través del cobro de “moches”, comisiones o diezmos para gestionar o “bajar” recursos federales a los municipios.
La ausencia de esas disposiciones fue cuestionada por el PRD en un documento enviado al presidente de la Comisión de Justicia, el panista Fernando Yunes.
“El dictamen de Código Penal lo mocharon, lo cambiaron totalmente de cómo venía y ahí no entendemos por qué se prestó el presidente de la Comisión de Justicia a que se cambiará, pero ni aun así no le gusta al PRI”, afirmó el coordinador del PRD, Miguel Barbosa.
