Por: Renata Terrazas Tapia
Cerramos el año con una reforma constitucional en materia de transparencia después de 11 meses de discusión en el Congreso. El siguiente paso es el recorrido por la República para que sea votada por al menos dos terceras partes de los congresos locales.
Esta reforma representa un paso significativo hacia la construcción de un régimen de transparencia más robusto. Lo más relevante es que dota de autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y amplía el catálogo de sujetos obligados. Ahora partidos políticos, sindicatos y cualquier persona que ejerza recursos públicos o actos de autoridad estará sujeto a las disposiciones de la ley de acceso a la información.
Algunas disposiciones de la reforma no son del completo agrado de la comunidad de práctica en la materia. Por ejemplo, con la nueva ley la Consejería Jurídica de la Presidencia puede impugnar las resoluciones del IFAI por cuestiones de seguridad nacional. Sin embargo, en términos generales la reforma se recibió con beneplácito.
Aún no se puede cantar victoria, quedan pendientes algunos temas. Entre ellos, la creación de la ley general de transparencia y la homologación de todo el cuerpo legislativo a nivel federal y estatal.
Uno de los objetivos de esta reforma fue y sigue siendo la homologación de los marcos normativos en los estados y el Distrito Federal. En 2010, Fundar y Artículo 19 lanzaron el Índice de Acceso a al Información Pública en México (IDAIM); el cual mide la calidad de las 33 leyes de transparencia en el país. Los resultados mostraron una enorme disparidad en los marcos normativos: un puñado de leyes mostraron ser bastante buenas, mientras que la mayoría estaba por debajo del estándar mínimo acorde con los principios establecidos en el artículo 6º constitucional.
De 2010 para acá, algunos estados han modificado y mejorado sus leyes de transparencia; no obstante, los resultados preliminares del IDAIM versión 2.0 (que se presentará en febrero de 2014) muestran que aún existen grandes diferencias entre las leyes y que una gran mayoría de las mismas continúa sin asegurar los principios contenidos en la constitución.
La creación de la ley general así como las reformas a las leyes de transparencia en los estados requerirá del mayor compromiso político. Será en ese momento donde queden establecidos los verdaderos alcances de la reforma.
Le corresponde en primer lugar a las y los integrantes del Congreso demostrar el compromiso y voluntad política para la construcción de una ley general de transparencia que fije los estándares más altos en la garantía del derecho de acceso a la información para dar un mensaje claro a los estados.
