No sucede con frecuencia, pero es justo reconocer a los legisladores del país cuando escuchan a la sociedad que les rodea y toman decisiones que corresponden con la agenda pública. Por supuesto, no me refiero al zipizape protagonizado por la CNTE, sino a la reforma constitucional en materia de transparencia que fue aprobada por los diputados el jueves 22 de agosto. Contra todo pronóstico, la diputación del PRI cambió de opinión en el último minuto y el consenso hizo posible que el país esté a dos pasos de tener normas de vanguardia en ese tema.

Habrá que estudiar el episodio con cuidado, en busca de los nombres propios de quienes levantaron los obstáculos y también de quienes lograron derribarlos. Pero es evidente que la lista de estos últimos es amplia. Tras la amenaza regresiva que se enderezó contra la minuta aprobada en el Senado en diciembre del 2012; la indignación de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la transparencia, de los académicos que han hecho suyo ese programa de investigación, de las instituciones públicas que han pugnado por la rendición de cuentas, de los medios y los comunicadores que han luchado en serio por abrir la información y, también, de los políticos y los legisladores que plantaron cara a quienes querían volver atrás, se alineó por unos días en una sola voz que, por fortuna, hizo eco en la sede alternativa del Congreso. Como si las paredes de vidrio del Centro Banamex hubieran sido más propicias que los muros de San Lázaro, los diputados más renuentes comprendieron al final el tamaño de su despropósito y rectificación.

Se trata de una buena noticia, desde cualquier punto de vista. Es verdad que esa legislación pudo ser todavía mejor. Sin embargo, el recurso que quiere proteger la reserva de apertura por razones de seguridad nacional no sólo tendrá que litigarse ante la Suprema Corte de Justicia, mediante la llamada prueba de daño –y en casos verdaderamente excepcionales-, sino que tuvo la virtud política de traer consigo el voto ya dignificado de la bancada principal; mientras que la obstinación de dejar que sean los propios comisionados del IFAI quienes elijan a su presidente cuenta con el trauma de la ruptura previa que dio pretexto a los conservadores. Nada garantiza, es cierto, que ese desencuentro no vuelva a suceder; pero sí asegura que la sociedad civil estará mucho más alerta a los nombres, los procedimientos y las responsabilidades que de ahí se sigan. Y los costos serían mucho más altos.

 Ahora lo deseable es que esta reforma -devuelta al Senado para revisar las modificaciones de los diputados- ya no tenga más pretextos ni retruécanos para aprobarse. Y con el mismo espíritu, habrá que confiar en que los consensos alcanzados se repitan en las legislaturas estatales a la brevedad posible. En medio del contento por el avance que significaría esta mudanza constitucional para ir eslabonando un sistema articulado de rendición de cuentas, me gustaría imaginar que el actor político fundamental que destrabó el acuerdo fue el propio presidente Peña Nieto y que los gobernadores de su misma filiación política no querrían entorpecer lo que sería, a todas luces, una de las mejores prendas de su primer año de gobierno.

Con todo, las batallas que siguen no serán menos relevantes. De aprobarse en sus términos, las contenidas principales por venir estarán en el debate sobre el contenido de las leyes generales que se desprenderán de esta reforma constitucional, y en la integración del nuevo órgano autónomo de transparencia. Y en el horizonte, la larga marcha hacia un sistema capaz de contrarrestar la corrupción desde el inicio y no sólo a la salida, persiguiendo corruptos obsesivamente. No obstante, también es importante aprender a celebrar los triunfos y a reconocer, sin darle siete vueltas, a quienes los obtienen. Y esta vez y en este tema, la clase política y la sociedad civil marcharon juntas. Enhorabuena.

Fuente: El Universal