La presidenta de INAI, Ximena Puente de la Mora, reconoció que los esfuerzos por mejorar el acceso a la información pública o la promoción de nuevas normas a favor de la honestidad gubernamental chocan con el descontento generalizado de la sociedad a causa de la corrupción.

“Si bien es cierto que la transparencia ha probado ser cada vez más un factor determinante para inducir cambios positivos es necesario reconocer que a la par de estos avances, nuestro país enfrenta también grandes retos derivados de los reajustes económicos a nivel mundial, la implementación de las reformas estructurales y, particularmente, del descontento generalizado de la sociedad a causa de la corrupción”, expresó.

Al presentar su informe de labores 2015 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la funcionaria citó un reciente estudio de la UNAM acerca de que el 92 por ciento de los mexicanos consideran que en el País hay corrupción y que es en el sector público donde más se presenta.

“Todo ello, aunado a un déficit de credibilidad de los ciudadanos en sus autoridades que dificulta en muchos casos, la capacidad de generar soluciones compartidas entre Gobierno y sociedad”, señaló la consejera presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Aunque reconoció que desde su lanzamiento, el 5 de mayo, la Plataforma Nacional de Transparencia ha presentado diversas incidencias técnicas que han hecho más difícil la solicitud de información, Puente afirmó que México se consolidó como “referente internacional en materia de acceso a la información” en 2015.

Puente dijo que existe un plazo para realizar las mejoras a la Plataforma, que vence en noviembre, y mientras tanto recordó que se puede solicitar información directamente en las dependencias, por correo postal, por mensajería o a través del número 01-800.

Para justificar que México es un “referente internacional” en materia de transparencia, indicó que actualmente existen 900 sujetos obligados y que en 2015 se registraron 120 mil 813 solicitudes de información pública, un incremento del 53 por ciento respecto de 2014.

Aunque el número de inconformidades por la respuesta recibida se ubicó en 7 mil casos, 18.6 por ciento más que en 2014, la presidenta del INAI no vio en esto una mayor negativa o renuencia de las instituciones para cumplir con la entrega de la información pública, sino un síntoma de salud.

“Lo que da cuenta del interés ciudadano en hacer de cada recurso una batalla contra la opacidad”, expresó.

Ante el Pleno de diputados y senadores, Puente informó que en 2015 el INAI impuso sanciones por casi 84 millones de pesos, lo que representó un incremento prácticamente del doble respecto a los casi 43 millones de 2014.

Las sanciones se concentraron en materia de protección de datos personales, añadió, y que el sector de servicios financieros y de seguros fueron los más multados con más de 58 millones de pesos.

En el turno de preguntas, el diputado Virgilio Caballero, de Morena, criticó la inversión en un Plataforma que no ha funcionado.

“Las empresas encargadas de su implementación y funcionamiento no previeron las fallas que se presentaron, por lo que incumplieron a pesar de que se invirtieron más de 26 millones de pesos en el asunto, caso concreto el Estado de México”, expresó.

Héctor Menchaca, senador del PT, reclamó que a la fecha el INAI no ha usado su facultad de atraer los casos en los que las autoridades locales se han negado a entregar la información pública y que bajo pretexto de la información clasificada, ya sea por motivos de seguridad nacional o algún otro, no se han transparentado en su totalidad casos como las concesiones en el sector energético, OHL, Grupo Higa, o lo que usted mencionaba, Tlatlaya o Ayotzinapa.

Por parte del PAN, la senadora Laura Rojas criticó que los Gobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de Aguascalientes, Carlos Lozano, se han negado a promulgar las leyes estatales de transparencia.

Ante los cuestionamientos, la respuesta de Ximena Puente fue hacer un respetuoso llamado en el ámbito de las competencias para que esas dos leyes se puedan publicar.

Fuente: Reforma