La semana pasada se desarrollaron diversos seminarios que generaron nutridos espacios de discusión sobre la agenda pendiente en materia de combate a la corrupción. Esto en sí es una buena noticia: el trauma socioeconómico de un sistema incapaz de responder a los abusos de poder, conflictos de interés, enriquecimientos ilícitos múltiples y reclamo e indignación social, se empieza a transformar en propuestas de cambio institucional y política pública de largo plazo.

Evocada hace más de 30 años, la fórmula de la corrupción era descrita como el resultado de la suma del monopolio de la toma de decisiones más la discrecionalidad más la opacidad de lo público. Gracias a una serie de factores como las agendas anticorrupción a nivel internacional, la pluralidad política y la acelerada penetración de las nuevas tecnologías, entre otros factores, hubo un salto cualitativo en los estándares de apertura de información y en el diseño y aprobación de marcos normativos capaces de garantizar el acceso público a datos socialmente relevantes.

Actualmente se sabe que la transparencia es indispensable pero a la vez insuficiente para combatir la corrupción: por ejemplo, en las nueve entidades que registraron alternancia en la elección de Gobernador en junio pasado, existen diversas acusaciones por actos de corrupción siendo los más alarmantes los casos de Nuevo León y Sonora. Sus ex -mandatarios Rodrigo Medina y Guillermo Padrés, han sido señalados por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y pagos indebidos a proveedores gubernamentales. Por si fuera poco, ambos duplicaron la deuda de sus estados dejando un legado de 61 mil millones de pesos en el primer caso y 20 mil millones en el segundo. Hasta ahora, no ha existido juicio político alguno. La única sanción que han recibido es de tipo moral y electoral. Casos como estos merecerían una investigación seria y profunda que permitiera la delimitación de responsabilidades, la detección de fallas institucionales y hasta la reparación del daño.

La nueva fórmula de la corrupción apunta a que la discrecionalidad aún a pesar de la transparencia, se potencia por la falta de consecuencias, es decir, cuando no hay responsabilidad pública, ni posibilidad de innovación institucional y cuando además los intereses privados siguen logrando una captura estructural del Estado.

A pesar de ello quizás sin estos y otros escándalos no estaríamos discutiendo hoy desde miradores tan diversos cómo hacerle frente a la corrupción ni tampoco estaríamos avanzando, en la cero tolerancia hacia este fenómeno.