Moderado por Jorge Javier Romero, Profesor-investigador de la UAM, en el tercer panel de los trabajos del Seminario Internacional “Combate a la Corrupción: Balance para una Propuesta”, titulado “Evaluación y experiencias de las políticas de combate a la corrupción” participó el colombiano José Ricardo Puyana, Coordinador del Área de Gobernabilidad Política del Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien abordó el tema con algunos datos sobre la percepción de la corrupción en Colombia; por ejemplo, sostuvo que 94% de los empresarios en Colombia afirma que “hay que sobornar” para hacer negocios, un dato alarmante y que, complementado con el 27% de personas que afirman haber pagado un soborno, del que habló en el panel anterior Huguette Labelle de Transparencia Internacional, engloba la dimensión de la corrupción.

El mexicano Roberto Salcedo, Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su turno abordó, la extensa normatividad que a lo largo de varias décadas ha marcado las políticas de combate a la corrupción en México pero que, lamentablemente, en 30 años de políticas de combate a la corrupción, no hay datos concretos del gasto utilizado en el país para combatirla, igualmente, de la mayoría de las denuncias de la Secretaría de la Función Pública y de la PGR en los últimos años, no hay seguimiento, por lo que se desconoce el número de funcionarios públicos sancionados por presuntos actos de corrupción. Concluyó con la idea de la urgencia por establecer controles claros para identificar si hay lugar para la corrupción.

José Oyola, Consultor internacional en auditoría y manejo de deuda pública,  habló de las herramientas para evaluar los programas para el combate a la corrupción.

Qué factores hacen posible la corrupción se pregunta Oyola: primero, la oportunidad, segundo, cuando hay recursos públicos vulnerables de por medio, en tercer lugar la falta de control sobre ellos, y por último un incentivo externo variable –pobreza, entre otros- para que combinados propicien un acto de corrupción.

Hacen falta métodos efectivos para prevenir la corrupción: leyes anticorrupción coordinadas, claras y precisas. Tal vez lo más urgente en la ley, es establecer “la no prescripción de los delitos de corrupción”.

Es imposible encauzar a un alto funcionario por corrupción si los actos de corrupción prescriben.

Es imprescindible construir un sistema de análisis de denuncias por corrupción que permita actuar de manera eficiente.