México es de los países de la región que más invierten en mantener una amplia estructura burocrática para la promoción y defensa de derechos humanos y sin embargo, a decir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el país vive niveles críticos de violencia e impunidad.
En los últimos siete años, 26 mil 798 personas han sido reportadas como “no localizadas” a nivel nacional, las investigaciones sobre desapariciones han quedado la mayoría de las veces inconclusas y en las detenciones, la tortura es una práctica habitual. Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo del organismo nos recuerda que el país ocupa el primer lugar en denuncias contra el Estado mexicano frente a la CIDH: sólo en 2015 se presentaron mil 164 peticiones entre los 35 Estados integrantes de las cuales 849 procedieron de México. Por ello, el vínculo entre los archivos y el derecho a la verdad no es algo banal. En la Ley General de Archivos aún por discutirse, derivada de la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, es necesario que quede establecido que los archivos históricos son documentos de acceso público y que se impida evocar la Ley General de Datos Personales para reservar información que es de relevancia social.
Esta semana, el INAI dejó clara su postura al resolver el recurso de revisión RDA 1484/16 y ordenar al Archivo General de la Nación que otorgara a un ciudadano el acceso a fotografías y datos personales de una lista de personas contenidos en el acervo de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad. Esta información hubiera sido accesible en 2001 cuando en el ánimo de la alternancia y la democratización, el entonces Presidente Fox abrió a la sociedad cerca de 80 millones de fichas y 60 mil expedientes relativos a la época de la llamada “guerra sucia”. Ahora esta información fue negada por el AGN bajo el pretexto de la protección de datos personales. Afortunadamente existe el recurso ante el INAI, sin embargo, si no se modifica la noción de los archivos vinculados a movimientos sociales y políticos como fuente de ejercicio de derechos y como primer eslabón de la rendición de cuentas para establecer responsabilidades, el camino largo del recurso ante el INAI será el único camino viable para acceder a información clave para preservar la memoria histórica y conocer la verdad sobre hechos que atañen a toda la sociedad.
Uno de los objetivos de la reforma constitucional que mandató la redacción de una Ley General de Archivos fue el establecer parámetros comunes, principios, reglas y procedimientos para producir, resguardar y gestionar información en todo el país. En estos tiempos, mantener una visión restringida de los archivos y no dotar al AGN de las herramientas necesarias para ejercer su función como actor clave dentro del sistema nacional de transparencia, es cerrar los ojos al contexto actual, desvinculando a los archivos de la memoria colectiva y fomentando que se continúe con el olvido y la impunidad.
