Las nueve administraciones estatales salientes son investigadas por la Auditoría Superior de la Federación por un manejo inadecuado de recursos federales equivalentes a 16 mil 657 millones de pesos.

Colima, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Baja California Sur, Guerrero, San Luis Potosí, Campeche  y Michoacán por realizar transacciones a cuentas no autorizadas, compras sobreevaluadas y subtutilizadas, uso de recursos para objetivos diferentes a los estipulados, pago a personal docente y de salud no validado.

Parte de estos fondos estaban destinados a los estados para mejora de infraestructura de la educación básica, salud, social, así como para aportaciones en educación tecnológica y de adultos, y de seguridad pública.

De acuerdo a los informes de la ASF, hasta junio de este año, Michoacán es el estado que más irregularidades acumula, sobre todo durante los años de 2012 y 2013, lapso en el que gobernaba Fausto Vallejo antes de claudicar por cuestiones de salud.

Según la información difundida este lunes por Milenio Diario, de los siete mil 764 millones de pesos investigados destacan la adquisición de un auto valuado en 228 mil 180 pesos que no cumplía con los fines de la Ley de Coordinación Fiscal y que actualmente está siniestrado.

Aunado a ello, se registra compra de medicamentos fuera del catálogo universal, gasto que asciende a cuatro millones 472 mil 357 pesos.

La ASF detectó transferencias de recursos por 223 millones de pesos a la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por concepto de convenios laborales como “bono de apoyo a la economía”, “estímulo a la superación educativa” y “Día del empleado”. Además, una transferencia al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) por dos mil 139 millones de pesos a cuentas no vinculadas con dicho fondo.

Al respecto, Miguel López Miranda, secretario de Finanzas y Administración del estado, reconoció el adeudo investigado por la ASF y aseguró que están colaborando con la dependencia para solventarlo. Sin embargo, adelantó que de no llegar a un finiquito la deuda será responsabilidad del gobierno entrante.

López Miranda justificó las irregularidades diciendo que “en principio, las obligaciones financieras que pudo tener es ese momento (el estado) es probable que hayan orillado a determinados servidores públicos a fondear con recursos etiquetados otras obligaciones que no tenían recursos”…

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