Las medidas de aislamiento aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas y niños debido a las brechas de género que persisten en nuestro país. Como principales cuidadoras de su familia, el gobierno mexicano más que nunca está obligado a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la integridad física, una vida libre de violencia para las mujeres y sus hijas e hijos, y reducir la brecha de género.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sostiene que las pandemias empeoran las desigualdades a las que de por sí ya se enfrentan las mujeres, adolescentes y niñas. Lo anterior, debido a que pueden encontrarse en mayor riesgo de sufrir violencia de pareja y otros tipos de violencia doméstica provocadas por el aumento de la tensión en el hogar como consecuencia del confinamiento.
ONU Mujeres también se ha pronunciado al respecto, la Directora Regional para las Américas y el Caribe, María Noel Vaeza, ha colocado diversas recomendaciones que los gobiernos deberían considerar para hacerle frente. Entre otras, la especialista plantea la necesidad de asegurar la disponibilidad de datos desagregados por sexo y el análisis de género; destinar recursos suficientes para responder a las necesidades de las mujeres y niñas, y evitar reducción de fondos de programas ya existentes; impulsar medidas de política que permitan reconocer, reducir y redistribuir la sobrecarga de trabajo no remunerado que se produce al interior de los hogares; y asegurar la continuidad de servicios esenciales para responder a la violencia contra las mujeres y niñas. Sin embargo, en México es difícil dar seguimiento a las acciones implementadas para la atención de la violencia hacia las mujeres en medio de la crisis sanitaria, lo que permitiría identificar si éstas cumplen con algunas de las recomendaciones planteadas.
Para atender los altos índices de violencia contra las mujeres, el país ha implementado una serie de políticas públicas centradas sobre todo en la alerta de violencia de género, centros de justicia para mujeres, refugios y centros de atención externa para mujeres víctimas de violencia (casi el 50 % son administrados por organizaciones de sociedad civil, pero se destinan recursos para operar), así como instancias de mujeres en las entidades federativas, programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijas e hijos de madres trabajadoras, entre otros.
Para la implementación de estás políticas públicas se destinaron recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, la construcción y equipamiento de centros de justicia tuvo un incremento del 33% en relación a los recursos de 2019, en el caso del subsidio para refugios el incremento representa el 12%, para la implementación de medidas que atiendan los Estados y Municipios que cuenten con la declaratoria de alerta de violencia de género será de 16 % y se redujeron en un 40% los destinados para las acciones de coadyuvancia.
Si bien conocemos el presupuesto previsto para 2020 para la atención de violencia contra las mujeres, es muy difícil saber cómo ha sido adaptado para enfrentar el repunte de violencia en este momento de crisis. Actualmente no se ha publicado información sobre cómo se distribuyen los recursos disponibles entre quienes acceden, sino a través de solicitudes de acceso a la información; en ese sentido, la pandemia revela la necesidad de avanzar hacia políticas proactivas de transparencia.
Es sumamente relevante tener acceso a información sobre las modificaciones e impacto a nivel del presupuesto que van a tener estos programas, frente a la crisis, es decir, no sabemos cómo el Estado mexicano está planteando sus prioridades para la atención de la violencia, si estos recursos están aumentando, si disminuyen o si se redireccionan a otros objetivos y sus impactos.
Lo que sí podemos ver es que frente a la crisis no se adaptaron los procesos y trámites para acceder a estos recursos, las instancias encargadas de la ejecución del gasto no han logrado agilizar los procesos, éstos siguen avanzando de manera normal, sin que se hayan implementado medidas excepcionales frente a la necesidad de disponer de recursos lo más pronto posible para poder estar en condiciones de operar los programas y acciones de atención a la violencia al cien por ciento.
Por ejemplo, de acuerdo con la información disponible en la página de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), la convocatoria para acceder a los recursos del subsidio para la Alerta de Violencia de Género AVGM 2020, se publicó el 11 de febrero de 2020 y las entidades tenían hasta el 28 de febrero para presentar proyectos. A le fecha no se firma los convenios de coordinación. En el caso de la convocatoria de subsidios 2020 para los centros de justicia para las mujeres, publicada en diciembre, a la fecha no se dispone de información si ya se firmaron los convenios de coordinación para la aprobación y transferencia de recursos.
En el caso de los refugios el 7 de abril del 2020, se publicaron en el DOF los Lineamientos de Operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, para el ejercicio fiscal 2020. Los refugios tuvieron 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación para presentar proyectos al Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). Según los Lineamientos de operación, el resultado de la revisión y análisis de los proyectos, la relación de quienes participaron en el proceso de dictaminación, y las fichas curriculares, se darán a conocer en un plazo no mayor a sesenta días naturales después del cierre de la dictaminación (no se específica cuanto tiempo llevarán para dictaminar) más o menos INDESOL tiene hasta el 8 de julio para dar a conocer los resultados. Mientras tanto los 72 refugios que existen en al país seguirán operando muy limitadamente.
Ante el contexto actual de emergencia sanitaria cobra mayor importancia que haya información pública disponible, no sólo sobre las acciones que se impulsan para prevenir y atender la violencia hacia las mujeres, sino también sobre los recursos que se están destinando, cómo se están gastando y el impacto que generan. No habrá respuesta efectiva para la atención de la violencia frente al COVID-19, si no se rinden cuentas sobre el presupuesto y los impactos de los programas destinados para la atención y prevención de la violencia hacia las mujeres.
* Matilde Pérez es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.
Fuente: Animal Político
