La CAIP bajo la lupa o #DóndeQuedaronLasFacturas
La Comisión para el Acceso a la Información Pública y [...]
La Comisión para el Acceso a la Información Pública y [...]
Triste y amenazante fue el desenlace preliminar de la reforma [...]
A la evaluación que hizo el año pasado la Comisión [...]
Lo acontecido en la sesión del pleno de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (CAIP) el pasado 27 de marzo ilustra con precisión la dinámica que campea en el órgano garante a partir de la llegada de Federico González Magaña. Tanto él como el comisionado Javier Fregoso han perdido de vista que la institución fue creada como garantía de un derecho fundamental, para defender a quienes lo ejercen, no a las autoridades que se resisten a hacerlo una realidad en toda su potencialidad.
El momento crítico por el que atraviesa el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) obliga una profunda reflexión acerca de los procesos de designación de quienes integran los órganos de transparencia. El tema está a la base del conflicto que desencadenó la postura asumida por el comisionado Ángel Trinidad a partir de la elección de Gerardo Laveaga como presidente del instituto.
“Para avanzar hacia la edificación de un sistema nacional de transparencia -escribe Jacqueline Peschard, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI)- no es suficiente tener buenas normas, sino, además, autoridades de transparencia probadamente independientes y recursos suficientes para que los órganos garantes puedan desarrollar eficazmente sus tareas en favor de la transparencia de la gestión pública”.
Enrique Peña Nieto no asume todavía la Presidencia de la República pero ya presentó su primera iniciativa. A diferencia de otros temas, como la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, el del fortalecimiento del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) no figuraba dentro de sus compromisos originales y, sin embargo, optó por volverlo su primer proyecto de ley.
La iniciativa hizo récord incluso en el fast track. A las 8:00 llegó a la Comisión Permanente, turnándose para su análisis a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde fue aprobada sin la presencia de su presidente minutos después. A las 12:30, ya se había avalado en el pleno. En poco más de cuatro horas se presentó la propuesta de reformas al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, se dictaminó, se citó a una sesión extraordinaria del pleno y se votó. Horas más tarde, el decreto de reforma estaba publicado en el Periódico Oficial del Estado. Sí, el mismo día: lunes 3 de septiembre de 2012.
Unas son las llamadas reformas estructurales que Enrique Peña Nieto encumbró en campaña y que en ciertos casos, paradójicamente, el PRI bloqueó desde el Congreso de la Unión. Se trata de las reformas energética, laboral, fiscal y de seguridad social. El tricolor ha declarado que irá tras ellas y es probable que cuente con el apoyo del PAN. Las otras son las reformas que responden a los cuestionamientos sobre el regreso del PRI a Los Pinos y la singular candidatura de Peña Nieto.
Todo empezó con la Ley de Ingresos 2012. En el sexenio de Mario Marín, se impuso en este ordenamiento un candado para impedir el acceso a la información comprobatoria de gasto público. Para ello, se estableció que quien deseara conocer esta información sólo podía hacerlo a través de copias certificadas, aunque se solicitara por vía electrónica, en copia simple o mediante una consulta directa.