Las recientes resoluciones del Poder Judicial relacionadas con el proceso de Revocación de Mandato (RM) son una buena noticia
para el Instituto Nacional Electoral. Por un lado, la Comisión de Receso de la SCJN acordó, el 22 de diciembre, admitir a trámite la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados contra el acuerdo de posposición aprobado por el Consejo General del INE el 17 de diciembre, y conceder a la Cámara la suspensión de dicho acuerdo.

Aunque no entra al fondo del asunto, con esta determinación tomada por dos ministras se ordenó al INE que “continúe con la
organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades del proceso de Revocación de Mandato hasta su conclusión, con el
presupuesto aprobado de mil 503 millones de pesos, el cual constituye un indicador de viabilidad financiera”.

Esta es una buena noticia, porque dicho acuerdo esclarece el complejo dilema en el que se había colocado al INE luego de la
irracional reducción que la Cámara de Diputados le aplicó al presupuesto que se había solicitado: ¿cómo realizar un ejercicio
cuyo costo, atendiendo todos los requisitos que la Ley de la materia establece –en primer lugar, instalar el mismo número
de casillas que en una elección federal.

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Por: Lorenzo Córdova