La gestión de Javier Duarte, gobernador de Veracruz, ha sido centro de atención para diversas instituciones y organizaciones sociales y no precisamente por buenas razones. En el índice de desempeño de la gestión del gasto federalizado contenido en el informe de resultados de la Cuenta Pública 2013 de la ASF, es decir referente al segundo año de gobierno de Duarte, esta entidad ocupó el antepenúltimo lugar con un desempeño reprobatorio de 49.8 sobre 100. En este índice se consideran cuestiones fundamentales para la rendición de cuentas como el estado que guarda el control interno en la entidad, el avance en la adopción e implementación de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la entrega de informes trimestrales a la SHCP respecto al ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos así como la calidad, congruencia, difusión y la evaluación de resultados y cumplimiento de metas y objetivos. Esto es particularmente importante en entidades como Veracruz en donde hay poca capacidad recaudatoria y alta dependencia hacia los recursos federales. Las principales observaciones hechas por la ASF debido a su recurrencia y monto fueron tanto por recursos no ejercidos o no reintegrados a la tesorería como cuestiones como la falta de documentación comprobatoria de erogaciones, los pagos de remuneraciones indebidas o injustificadas o recursos no entregados por las Secretarías de finanzas a los entes ejecutores. Por este tipo de anomalías, Veracruz fue la entidad que concentró el mayor porcentaje del monto observado por el ente fiscalizador.

También, la entidad concentra un alto monto de deuda pública: ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con 37 mil 400 millones de pesos lo cual no sería grave si existiera solvencia económica para pagarla, si se transparentaran las condiciones de contratación, si se hicieran públicos los registros públicos, si existiera una justificación sobre la adquisición y si hubiera resultados en términos de inversión productiva y bienestar. Sin embargo, el índice de desarrollo humano de los veracruzanos está en los cinco últimos lugares del país.

Esta fotografía rápida del Estado exigiría una fuerte y exigente vigilancia social y una política urgente a favor de la rendición de cuentas. Y sin embargo, en materia de opinión pública, Veracruz es un territorio en el que la pluralidad de ideas y el debate informado cuesta caro: ejercer el periodismo está considerado como de alto riesgo (van 10 asesinatos de periodistas durante la gestión de Duarte); en 2011 se aprobó la “Ley Duarte”, una legislación que sancionaba la “perturbación del orden público” que fue interpretada como contraria a la libertad de expresión y que dos años después fue declarada inconstitucional por la SCJN y es además de las entidades en donde más se gasta y menos se rinde cuentas en materia de publicidad oficial (Fundar/Artículo 19).

Por si fuera poco, frente a las críticas de corrupción que hiciera hace unos días el Senador Héctor Yunes Landa, el Gobernador respondió con la burla que la impunidad le permite regalándole una caña de pescar para que éste “atrapara los peces gordos”.

Los casos Duarte son los que convocan a la urgencia de adoptar la agenda pendiente en materia de responsabilidad pública y combate a la corrupción, una agenda que permita que la denuncia tenga consecuencias, que los contrapesos institucionales sean efectivos, que las omisiones de información y las debilidades institucionales sean corregidas y que la red de complicidades entre funcionarios públicos, entes privados, partidos políticos y sindicatos, entre otros, puedan ser debidamente sancionadas y desmanteladas para que los ciudadanos tengan voz en la exigencia y en el ejercicio cotidiano de sus derechos fundamentales.