Para Nuria Cunill, asesora especial del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), en la rendición de cuentas en Chile “ha prevalecido una visión de ritual” durante el poco tiempo que ha transcurrido desde la implementación de las leyes al respecto.

Por es necesario contemplar en el andamiaje legal el carácter social de la información, ya que los individuos tienen diferentes capacidades de apropiarse e interpretarla y esto actualmente no está contemplado.
Al iniciar su presentación durante la mesa dedicad al caso chileno en el Seminario Internacional Desafíos de la Rendición de Cuentas en América Latina, explicó que se debe acotar el análisis de la rendición de cuentas. De otro modo, se puede caer en una práctica difuminada.

Cunill enfocó su análisis a la rendición de cuentas participativa. En Chile, a pesar de los intentos que se han dado desde 2006 para impulsar la participación ciudadana a través del Ministerio General de Gobierno, lo cierto es que una gran parte de los organismos obligados a la transparencia (41 por ciento) ni siquiera cumplen con las normas básicas.
Si no cumplen con la rendición de cuentas de tipo informativo, menos con una rendición de cuentas participativa, puntualizó la especialista.

En febrero de 2011 se aprobó una Ley de Participación Ciudadana, que incluye los estándares mínimos a cumplir y eso es lo que ha sucedidos: se ha cumplido con lo básico, que es subir la cuenta pública a internet.

“¿En lo concreto, cuál es la situación? En efecto la ley facilitó que se asumiese en estos aspectos. Pero al hacerlo tan general lo que hizo fue abrir la puerta a la ritualización y la banalización de este ejercicio de cuentas públicas participativas”, dijo Cunill.
Eduardo González, director de Procesos y Sistemas, del Consejo para la Transparencia chileno, reconoció también que las noticias en materia de participación ciudadana no son alentadoras. Han disminuido las cifras de participación cívica, a pesar de todas las protestas estudiantiles, y a ello se suma un bajo nivel de conocimiento de la ley de transparencia.

Sin embargo, el Consejo para la Transparencia – una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio- ha logrado implementar experiencias de transparencia activa. Por ejemplo, antes de fiscalizar determinada entidad, se pregunta a la ciudadanía que pondere qué les interesa más.

Hasta el momento, el Consejo lleva 74 sumarios concentrados en el mundo municipal. Una parte menor en la administración central.
Finalmente, Patricia Asau, asesora en Comunicación Estratégica, relató una experiencia de éxito gubernamental al transparentar un proceso de elección y licitación realizado por la Superintendencia de Casinos de Juego.

Durante 10 años, explicó, se discutió en Chile la aprobación de la ley de casinos de juegos, un proceso arduo que implicó la participación de empresas nacionales y extranjeras.

En Chile no existe una ley de cabildeo que obligara al registro de las reuniones entre legisladores y empresas. Ni tampoco había legislación que obligara a los inversionistas a detallar qué grupos de presión contrataban.

A ello se suman otras lagunas en las leyes chilenas. Por ejemplo, las empresas pueden donar de manera anónima a un candidato sin que, en teoría, éste se entere. Y la empresas obtienen beneficios tributarios de esto.

“En Chile es legal aún que la ciudadanía desconozca como se financian los gobernantes”, destacó Asau.
En medio de este marco normativo, la Superintendencia decidió transparentar el proceso; incluso se puso en línea, completamente pública, la agenda del regulador de casino

“Comenzamos a educar a la prensa y la prensa comenzó a acostumbrarse a que les contábamos la verdad. Con ello logramos anular mucha agenda noticiosa falsa, equilibrar agenda noticiosa. Y eso nos permitió poder pasar la comisión investigadora con cierta holgura”.

La propuesta fue rechazada finalmente, pero el caso sirvió para demostrar cómo se podía transparentar un proceso de ese tipo, explicó la especialista de Chile.