En su toma de posesión, el presidente López Obrador dijo: “… me comprometo a no robar y a no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo del poder público”. Combatir la corrupción era un imperativo. ¿Cómo podemos evaluar los resultados?

La respuesta no es sencilla. “Medir” la corrupción es una tarea compleja. Lo que suele revisarse es la “percepción” que existe sobre ella. Por eso, es relevante comentar el informe-país “Sobre el combate a la corrupción en México, 2020” que publicó hace unos días el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, dirigido por Mauricio Merino (disponible en combatealacorrupción.mx). Es un documento basado en datos, meticuloso, innovador, que permite, sin estridencia, contar con un punto de observación de largo aliento.

El informe no mide la corrupción. Observa, con base en datos públicos y mandatos legales, el trabajo de las instituciones responsables de combatirla, agrupadas en el Sistema Nacional Anticorrupción. Parte de algunas premisas que conforman el conocimiento más reciente en la materia. La corrupción no es un problema ético de comportamientos individuales que se corrige sancionando a los corruptos. Sí es, en cambio, “una consecuencia de la captura de puestos, presupuestos y decisiones públicas por grupos políticos o económicos” coludidos y que actúan en sofisticadas redes.

En apretada síntesis, el informe demuestra que seguimos teniendo designaciones discrecionales de los cargos públicos; que el presupuesto federal se maneja con amplios márgenes de discrecionalidad, particularmente en los ahorros, transferencias y gastos indirectos; que consistentemente las compras y obras públicas se hacen mediante adjudicaciones directas; que la gran mayoría de los procesos de sanción administrativa corresponden a asuntos poco relevantes; y finalmente, que el Sistema Nacional Anticorrupción ha avanzado muy lentamente, tiene magros resultados y no ha logrado los fines para los que se creó.

Me quedo con una idea. El enfoque punitivo es insuficiente para combatir la corrupción. Tampoco sirve la convicción de que el ejemplo “desde arriba” es medicina eficaz para evitarla. Sólo un robusto marco institucional que anticipe y proponga acciones para disuadir e impedir las conductas que generan corrupción permitirá cambiar de rumbo. También resulta crítico limitar los márgenes de discrecionalidad en el ejercicio del poder.

Dos notas finales de moderado optimismo. Primero, las normas e instituciones para combatir la corrupción existen. Hay que exigir resultados. Segundo, hay espacios académicos que generan investigación rigurosa y pertinente. Hay que felicitarlos, promoverlos y preservarlos.

Por: Sergio López Ayllon

Fuente: Milenio