Por Lourdes Morales y Daniel Manchinelly
El domingo 18 de enero iniciaron las precampañas de los aspirantes a la presidencia de la república. Durante un evento en Mérida Josefina Vázquez Mota, precandidata del PAN, pidió a sus seguidores consolidar la unidad para evitar “el regreso de la dictadura perfecta y la opacidad y la falta de transparencia como modo de gobierno”. Mientras tanto Enrique Peña Nieto, candidato del PRI, inició campaña en Veracruz y apuntó que la sociedad mexicana “tiene necesidad de un cambio con rumbo, con compromisos y objetivos claramente definidos”.
Andrés Manuel López Obrador, precandidato del PRD-PT-Movimiento Ciudadano, realizó actividades en la Ciudad de México. En un evento en Iztapalapa aclaró conceptos sobre su movimiento: “algunos pensaron que lo que yo planteaba era quitarle a los ricos para darle a los pobres, no hace falta quitarle bienes a nadie (…), de lo que se trata es que ya no haya corrupción”. Los aspirantes panistas Ernesto Cordero y Santiago Creel iniciaron sus precampañas en Michoacán y el Estado de México respectivamente. Ambos coincidieron en criticar a Enrique Peña Nieto quien aseguraron olvida el pasado corrupto del priismo.
En los próximos 2 meses, se transmitirán 5 millones 43 mil spots de precandidatos y partidos políticos que compiten en las elecciones federales, a través de 2 mil 335 estaciones de radio y canales de televisión a lo largo del territorio nacional. En esos spots aparecerán los tres precandidatos presidenciales del PAN, los aspirantes a diputados y senadores, pero no los precandidatos Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. El PRI, PRD y sus partidos aliados podrán disponer de sus tiempos en radio y televisión únicamente para transmitir propaganda con su plataforma, y no la imagen de sus presidenciables.
Tres días antes del inicio de las precampañas y 14 meses después del plazo constitucional, con un requerimiento del Tribunal Electoral federal a cuestas y en el último día del periodo ordinario de sesiones, la Cámara de Diputados aprobó la terna de consejeros electorales para completar el consejo general del IFE. Lorenzo Córdova, María Marván y Sergio García Ramírez, elegidos con 385 votos a favor y 7 abstenciones, desempeñarán su cargo hasta 2020, por lo que serán árbitros en dos procesos presidenciales.
Nos complace anunciar que el Instituto Federal Electoral (IFE) formalizó un convenio de colaboración con la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) con miras a que en el proceso electoral del 2012 todos los partidos políticos y sus candidatos tengan como tema prioritario la apertura y entrega de la información pública hacia la ciudadanía. En el acto celebrado en la ciudad de México, Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del órgano electoral, pidió impulsar una “masiva” rendición de cuentas por parte de las instituciones del Estado mexicano, pues “es una pieza fundamental en cualquier democracia moderna”.
En más cambios de gabinete, el presidente Felipe Calderón dio posesión a Rosalinda Vélez Juárez y Rafael Morgan Ríos como nuevos secretarios del Trabajo y de la Función Pública, respectivamente. Además, designó a Tarcisio Rodríguez Martínez secretario particular de la Presidencia de la República. Vélez Juárez se desempeñaba como procuradora federal de la Defensa del Trabajo y se convierte en la primera mujer en ocupar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Morgan Ríos era subsecretario en la Función Pública y Rodríguez Martínez estaba al frente de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).
En noticias locales, se concreta la tercera reforma a leyes de transparencia estatales en estas dos últimas semanas. En Sonora, por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Transparencia en donde se incluyen principios de máxima publicidad, gratuidad del acceso a la información pública, simplicidad y orientación a particulares. La reforma que estaba pendiente desde hace siete años deja establecido en la Constitución Política local que el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES) es una entidad autónoma y establece la creación de un secretario técnico, nombrado por el presidente de ese organismo, que vigilará el acceso a la información.
