El presunto daño patrimonial a Segalmex, Liconsa y Diconsa; el supuesto enriquecimiento ilícito de Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el desfalco al Estado por un funcionario de la Presidencia son algunas de las 731 denuncias presentadas por dependencias federales ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) en los primeros tres años de la actual administración.
La inmensa mayoría de ellas permanece en forma de carpeta de investigación. Sólo 25 se han judicializado y únicamente un caso, hasta ahora, ha culminado en una sentencia condenatoria, según la respuesta otorgada por la Fiscalía General de la República (FGR), a la que está adscrita la FEMCC. El veredicto, sin embargo, se desconoce. La información no es pública.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en la conferencia matutina del 22 de octubre de 2021 que el gobierno federal ha presentado de 200 a 300 denuncias por corrupción en la FEMCC, pero la cifra oficial real de acusaciones duplica o triplica esos números.
Se solicitaron a la FEMCC –creada en marzo de 2019 y encargada de investigar y, en su caso, judicializar los delitos de corrupción– copias de las denuncias por delitos de corrupción levantadas únicamente por dependencias federales contra funcionarios de las administraciones presente y pasada. En un principio la FGR argumentó que la información tenía carácter de reservada. Tras impugnar la respuesta ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, éste ordenó entregar la documentación solicitada.
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