La administración pública no puede sustraerse a las características de una sociedad en continua evolución y cambio, un ámbito internacional cada vez más interrelacionado y competitivo, y una realidad que exige respuestas concretas y expeditas a la problemática cotidiana.
Para mantenerse vigentes, deben de contar con la flexibilidad necesaria para hacer frente a las modificaciones en el entorno e inclusive, asumir una actitud proactiva y propositiva para dar respuesta a los retos sociales.
Si a esta situación añadimos el hecho de que nuestros regímenes democráticos presentan un proceso paulatino de consolidación, que se muestra en un fortalecimiento de la conciencia ciudadana y en la aparición de una serie de mecanismos de participación a nivel personal o de grupo en diferentes ámbitos del quehacer público, se hace aún más evidente la necesidad de generar estructuras públicas eficientes que garanticen el buen uso y aplicación de los recursos que pertenecen a la sociedad.
El desarrollo de estrategias integrales que permitan a las estructuras de gobierno, ajustarse a las necesidades de la sociedad, del entorno y de las coyunturas internacionales, tiene como objetivo crear instrumentos que impulsen el desarrollo y el fortalecimiento institucional del país.
Esta demanda es consistente con una mayor participación ciudadana en los procesos de formación y calificación de políticas públicas y programas de gobierno, así como en los procesos de rendición de cuentas. Por otra parte, la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas es un elemento básico para la vida democrática del país.
Dicha confianza se sustenta en el manejo responsable y transparente de los recursos públicos, lo que a su vez se traduce en:
-la disminución de la discrecionalidad,
-la eliminación de áreas de opacidad en la gestión de los recursos públicos,
-el uso de criterios racionales para el gasto,
-el libre flujo de información respecto a la obtención y asignación de recursos,
-la participación activa y abierta de la sociedad y
-la oportunidad en la presentación de la información necesaria para tomar decisiones acordes a las necesidades sociales.
Así, el que la ciudadanía cuente con elementos objetivos que le permitan determinar la calidad en la actuación de las instituciones gubernamentales, representa un elemento central en la generación de confianza.
Ante un entorno económico complejo, la disposición de los ciudadanos a participar en los gastos del gobierno a través del pago de impuestos, y de participar en los procesos democráticos está estrechamente vinculada con la percepción de la administración pública como un proveedor eficiente de bienes y servicios, cuyo buen desempeño puede ser avalado a través del voto o sancionado por esta vía si los resultados no son los esperados.
Dentro de este contexto tiene especial relevancia la calidad de la revisión del uso que se hace de los recursos públicos, puesto que las presiones que la crisis financiera y económica ha ejercido sobre el monto y la asignación del gasto público exigen que su uso sea racional, eficaz, eficiente y se ejerza con la oportunidad y transparencia.
Es a través de una efectiva fiscalización superior, que la sociedad puede exigir una rendición de cuentas por parte de quienes tienen a su cargo los programas de gobierno.
La expectativa de una buena parte de la sociedad está puesta en las acciones sancionatorias derivadas del proceso de auditoría. Esto es desafortunado, en tanto que circunscribe el papel del auditor a una especie de vindicador del interés público, o a persecutor de conductas deshonestas.
Es necesario entender que esta perspectiva, aunque limitada e incorrecta, tiene causas identificables; durante muchos años la sociedad en nuestro país se acostumbró a pensar que la rendición de cuentas era prácticamente inexistente, que la calidad de bienes y servicios públicos iba en continuo deterioro y que las necesidades o los intereses de la ciudadanía estarían continuamente supeditados a las necesidades administrativas, políticas o de interés del propio gobierno.
La frustración social que esto genera ha tenido una reacción en el sentido opuesto: resulta más aplaudida una acción efectista y digna de titulares que una labor sistemática, discreta y enfocada a una modificación sustancial de las condiciones de la administración pública.
Es de alguna manera más fácil para un sector amplio de la sociedad responsabilizar a un individuo de un mal manejo, que ver este fenómeno como resultado de un problema estructural que debe de ser atendido no en sus efectos sino en sus causas.
El verdadero valor de la fiscalización superior radica en que su capacidad reconstructiva busca superar los aspectos coyunturales o casuísticos de las situaciones que observa, de tal modo que las medidas correctivas o preventivas que se recomienden tengan un efecto permanente en la gestión del ente auditado y sirvan efectivamente para fortalecerlo.
Cabe destacar la importancia que representa para cualquier auditor poder transmitir esta idea tanto al ente sujeto a su revisión, como a aquellos que se beneficiarán de los resultados de la acción fiscalizadora.
Se trata de establecer un nuevo tipo de relación entre todos los sectores involucrados en este proceso, y que se basa en un elemento de la mayor importancia: la confianza.
La confianza implica una actitud de apertura y aceptación que nos permite asumir el riesgo de que alguien pudiera, por alguna razón, fallarnos en el futuro; se trata de un concepto complejo cuya generación involucra elementos de incertidumbre y aprendizaje.
En lo que respecta a una entidad pública, la confianza en sus actos estaría sustentada en una labor independiente de fiscalización superior, que permita crear condiciones de reputación ante clientes y usuarios de los servicios.
De acuerdo con la teoría, la cultura institucional determina la guía para la acción individual, y se constituye como un elemento fundamental para dar certeza a terceros sobre la confiabilidad de una organización.
Dentro de esta cultura institucional, la independencia de los auditores es uno de los pilares para asegurar que el funcionamiento gubernamental cuenta con un monitoreo y vigilancia profesional y al margen de todo sesgo.
Sin embargo, hay que tener presente que la confianza de la sociedad y de los clientes y los usuarios en general es una variable condicionada, puesto que la decisión de confiar o no va más allá de la imagen de corto plazo de la entidad público de que se trate.
La conquista de la confianza es una tarea que involucra el sostenimiento de una tendencia creciente respecto a la satisfacción de las necesidades del ciudadano, y la mejora continua en los procesos que se desarrollen.
No es factible que los procesos de generación de confianza se queden inmóviles después de cierto tiempo o que correspondan a cuestiones coyunturales que, una vez superadas, no implican mayor desarrollo o crecimiento.
Por ello, la fiscalización superior, dado su carácter periódico y de seguimiento sistemático, puede ofrecer una buena alternativa para evaluar si los procesos de perfeccionamiento se han estancado o si existen nuevas áreas de oportunidad que se pueden explotar para continuar con el fortalecimiento del área en cuestión.
Existe un tema adicional respecto a la confianza: en ella la apariencia o percepción de una ausencia de independencia y objetividad puede ser tan dañina como si fuera real.
En efecto, la confianza tiene como base elemental el creer en la existencia de una capacidad técnica determinada en el órgano auditor, así como una expectativa razonable de que ni su acción ni sus hallazgos estarán supeditados a los intereses del ente auditado.
En este sentido, es indispensable que la Entidad Fiscalizadora Superior sea extremadamente escrupulosa respecto a cualquier situación que pudiera ser interpretada como un compromiso de su independencia o el uso de sus facultades con fines políticos o para beneficios de grupo.
Destaca la importancia que tiene el apego estricto a un código de ética por parte del personal auditor, como un elemento básico de generación de confianza entre todos los sectores involucrados. La imagen de la Entidad Fiscalizadora Superior, por naturaleza, deberá estar al margen de cualquier presunción de manejos inadecuados.
Si bien la percepción de la sociedad no puede ser controlada, es necesario entonces mantener una línea de acción coherente con el discurso, ofrecer la información clave a través de mensajes claros y consecuentes con su actuación, favorecer la transparencia en sus acciones y asumir una actitud crítica constante respecto al propio desempeño y a las vías para mejorarlo.
