Pese a que constitucionalmente es una institución autónoma, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sigue bajo las reglas de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal debido a que el Congreso de la Unión falló en los plazos para expedir las leyes secundarias en materia política, una de las que regirá al nuevo órgano autónomo encargado de la medición de la pobreza.

Los mismos legisladores plantearon en la reforma constitucional en materia política que sacarían la ley secundaria del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social luego de 120 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto, plazo que venció el mes pasado.

Como no se ha expedido la legislación, la institución encargada de la medición de la pobreza y la efectividad de los programas sociales se rige por un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en agosto del 2005.

La ley secundaria debe especificar las formas de coordinación del Coneval con las autoridades de los tres niveles para emitir recomendaciones en materia social.

Además deberá presentar el método de selección del presidente de la institución y sus seis consejeros, todos deben gozar de prestigio en los sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional, tener experiencia mínima de 10 años en materia de desarrollo social y no pertenecer a algún partido político o haber sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular.

“(Los consejeros) serán nombrados bajo el procedimiento que determine la ley (secundaria), por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados”, establece la Constitución.

De acuerdo con información del Coneval, no se ha modificado la estructura de la institución, pues no hay una ley que determine su funcionamiento, más que lo planteado en la Carta Magna.

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