Planteo Samuel P. Huntington en su entonces muy venerado y ahora casi olvidado libro de La tercera ola que a cada una de la tres grandes olas de democratizaciones en el mundo le había seguido una pequeña contraola, es decir pocos casos de países que renegaban de la democracia liberal, después de que muchos se habrían convertido a ella.

Desde luego documenta tal afirmación de tal manera que la suma a los argumentos esgrimidos para elaborar una especie de manual para indicar que ese tipo de régimen es mejor, por decirlo rápido, frente a la otra opción imperante durante la llamada guerra fría, que fueron los llamados regímenes socialistas (incluso pro soviéticos) así como tangencialmente las dictaduras militares.

Esa lógica de análisis me parece que bien puede aplicarse para actual coyuntura en materia de transparencia en México. Es decir que luego de la gran ola de diez años a favor de la transparencia de los asuntos públicos en nuestro país parece querer alzarse una contraola cuyas dimensiones y repercusiones sabremos principalmente cuando el Congreso de la unión apruebe la ley general en la materia que ordenó la reforma promulgada el 7 de febrero de 2014.

De hecho tal ley (junto con las correspondientes a la protección de los datos personales y a los archivos) debió haberse aprobado el 7 de febrero del presente año en los términos que el transitorio respectivo de la propia reforma constitucional, ordenó. Y no fue así principalmente porque desde la oposición en el Senado y con pronunciamientos de las organizaciones de la sociedad civil, que por cierto habían ayudado a redactar dicha ley, se alzaron voces de alerta ante la opaca intensión de la fracción parlamentaria del partido en el gobierno (el PRI), de dar vida a la indeseable contraola de opacidad que mencionamos arriba.

Se construyó políticamente hablando, desde los partidos opositores y la sociedad civil una especie de “rompeolas” que no ha permitido hasta ahora esa nefasta intención de incorporar medidas regresivas a los avances que en la materia, y no sin dificultades, se dieron decimos en una década.

Sin embargo la amenaza sigue latente. Y ello ha sido plenamente evidenciado en las llamadas “comparecencias” que tanto representantes de algunos sujetos obligados como estudiosos, activistas y órganos garantes del Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP), realizaron en el Senado en la semana que concluye.

Fue totalmente claro, en sus planteamientos, que principalmente en el gobierno federal, partiendo de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República no quieren que la legislación avance progresivamente para tener mejores condiciones del ejercicio del DAIP. Han dicho los especialistas que en algunos casos se hablaría de retrocesos de ocho años, es decir a antes del 2007 en que hubo un nuevo impulso a la transparencia.

Y en ese mismo sentido no quiere el gobierno de Peña, darle más aliento al tema por ejemplo dándole facultades al IFAI para poder sancionar a quienes no cumplan sus resoluciones y así por ejemplo inhibir la actitud de impunidad de las autoridades omisas. Se trata principalmente de motivar a que todas las instancias públicas documenten sus acciones y entonces no salgan con lo que prácticamente ya se convirtió en una cantaleta, al declarar “inexistencia” de la información.

Temas clave han sido identificados para estar atentos de que no se den retrocesos. Hemos firmado el documento denominado Ocho preocupaciones fundamentales de la Ley General de Transparencia que me parece ha sintetizado perfectamente en que consiste la contraola de la que hablo arriba y que no debemos permitir que se dé.

Aunque en términos del comportamiento de nuestros legisladores soy francamente escéptico, por la correlación de fuerzas partidistas imperante, considero central reproducir la exigencia que se hace en dicho documento: “…solicitamos al Senado de la República para que en el Dictamen que habrá de aprobar se mantengan los contenidos originalmente planteados en la iniciativa presentada el 2 de diciembre de 2014, así como descartar cualquier posibilidad de sanción de los funcionarios públicos de los órganos garantes y causal de reserva de información que afecte la amplia y progresiva protección del derecho de acceso a la información, prevista en el artículo 6º Constitucional.”

Ojalá se imponga la fuerza de la razón y no la de los votos mecánicos y lo más pronto posible se destrabe el proceso legislativo que comentamos, porque hay que pensar que todavía faltan dos leyes más en la materia que aprobar, así como que las legislaturas de los estados homologuen sus leyes respectivas.

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