En más de un indicador México es uno de los “parientes pobres” del grupo de países integrantes de la OCDE. A pesar de los cambios y reformas de los últimos diez años, el país siempre acaba dando la nota en temas como calidad educativa, distribución del ingreso o capacidad para recaudar impuestos. Por eso resulta interesante el Informe sobre soborno internacional 2014, dado a conocer hace un par de semanas por la OCDE.

En este trabajo se analizan 427 casos de soborno presentados ante tribunales entre 1999 – momento en el cual se firmó la Convención Anti-soborno – y junio de 2014. Aunque el reporte no entra en detalles que serían de mucha utilidad (como el catálogo de casos, el país de origen o el tiempo de litigio), destaca el hecho de que el 67% de los casos analizados provienen de países de medio, alto y muy alto desarrollo. Es decir, países en los que existe un marco normativo para el combate a la corrupción y en los cuales, las consecuencias ante los grandes casos de corrupción son bastante limitadas. El fracaso de las medidas estatales anticorrupción es tangible no solo porque en más del 50% de los casos analizados las sanciones han sido multas, sino porque mientras la corrupción ha ido en aumento las multas han tenido un descenso (de 16 mil millones de euros en 2004 a 964 millones en 2013).

Lo segundo que destaca es el tipo de sector que es vulnerable para casos de corrupción: se trata de la minería (19%), la construcción (15%), el transporte (15%) y las telecomunicaciones (10%). El eslabón más débil es el de las compras públicas ya que la falta de controles en la relación entre empresas privadas y gobierno ha propiciado que más de la mitad de los sobornos sucedan en la batalla por los contratos públicos. A pesar de contar con el diagnóstico del problema, el reporte señala que un tercio de los casos de corrupción han sido detectados por medidas de control interno de las empresas y no por las instituciones públicas o por mecanismos gubernamentales existentes para ello.

Finalmente, el 53% de los casos documentados tienen como implicados a altos ejecutivos de empresas mientras que 80% de quienes reciben los sobornos son empleados de empresas públicas o funcionarios lo cual habla de la necesidad de fortalecer la ética pública pero también los controles hacia empresarios con alto poder adquisitivo, los cuales muchas veces buscan intercambiar inversiones para lograr un “estado de excepción” frente a la legalidad y la ética de sus acciones.

La OCDE enlista una serie de recomendaciones en materia de monitoreo y análisis de casos que podrían ser útiles para el debate en países afectados por la corrupción como México. El tema del conflicto de interés y la corrupción empresarial en el marco de apertura del sector energético y de telecomunicaciones en México no podría ser más pertinente dentro de la agenda pendiente en el Congreso. Sin embargo, el periodo de sesiones concluyó sin los consensos para crear la arquitectura del Sistema Nacional Anticorrupción. Todo indica que para el año entrante, esta historia continuará…