En entrevista, Gabriela Aguirre, investigadora de este organismo especializado en materia de transparencia, explicó que una tendencia que se ha vuelto recurrente tanto en Puebla como en el resto del país es que las dependencias de gobierno emitan declaratorias de “inexistencia” a información solicitada.
Entre lo positivo, destaca que Puebla tiene una de las leyes de transparencia “modelo” a nivel nacional, dado que en la última reforma se incorporaron sujetos obligados un tanto controversiales, como son los partidos políticos.
Entre las áreas de oportunidad, la especialista dijo que la Ley de Transparencia de Puebla debe contemplar mecanismos para obligar a los entes de gobierno a que generen la información que les solicitan los ciudadanos.
Aunado a ello, en todas las entidades existe discrecionalidad al momento de que las autoridades clasifican como reservada cierta información, la cual si bien sólo se resguarda de manera temporal, es necesario que se den las pruebas claras para esta clasificación.
Por su parte Guillermo Ávila, también de Fundar, consideró que aunque ha habido avances en materia de acceso a la información pública estatal, “este es un derecho que no goza de cabal salud”.
El especialista explicó que aunque hay leyes completas, existen deficiencias en las formas en las que estas son aplicadas en el nivel práctico, ya sea porque las oficinas de gobierno no cuentan con los recursos para la implementación de los sistemas de transparencia o porque este derecho no está plenamente “socializado”.
“A pesar de que en México hay leyes vanguardistas a nivel nacional todavía hay problemas en la implementación, lo que hace difícil el acceso a la información”, concluyó.
Fuente: e-Consulta