He ahí el dilema de los Sistemas Estatales Anticorrupción
Por Pedro Carta Terrón
Los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA) están pasando por una crisis para poder cumplir su función social, cuyos principales síntomas son su poca visibilización, el casi nulo reconocimiento y respaldo social y la falta de inclusión de estas figuras en los discursos y programas formales del gobierno federal y muchos gobiernos estatales, además de las constantes quejas de integrantes de los Comités de Participación Ciudadana (CPC) de esos Sistemas respecto a los bloqueos políticos de las mafias locales del poder que les impiden hacerse escuchar y operar.
Hay dos razones que explican lo que hay detrás de estos síntomas:
La razón derivada del discurso quejoso de los Comités de Participación Ciudadana (CPC) de los SEA
Y no es que yo sea un insensible a los lamentos ajenos, sino que como activista social desde hace décadas, al igual que muchos como yo, se nos hace inconcebible que los CPC digan que sufren para materializar su causa cuando cuentan con todos los elementos para hacerlo: reconocimiento jurídico, estructura organizacional, presupuesto y alguna dosis de autoridad.
Dos causas sociales que me tocó impulsar desde aquellos lejanos 80´s y 90´s del siglo XX fueron el impulso de los temas ambientales surgidos de la Convención de Río de Janeiro y la erradicación de la violencia de género en la vida cotidiana de la sociedad.
Eran percibidos como asuntos de hippies: feos, incomprendidos, exagerados y casi siempre mal vistos o riesgosos. Desde luego que no eran temas amables para tratar con la autoridad y, no pocas veces, eran motivo de presión gubernamental para que no siguiéramos molestado sobre ellos.
Sin embargo, gracias a la constancia de cientos de activistas en todo el país, hoy en día tenemos que ambos temas ya son política pública formalmente reconocida, razonablemente consolidada y con buenas miras a seguir evolucionando mediante cauces institucionales.
Mucho de ese éxito tuvo que ver el método y el camino transitado: para pasar del sueño y el anhelo a la política pública consolidada hubo mucho trabajo, pasión y estrategia; pero, básicamente, la clave fue que nos dedicamos a HACER hasta lograr SER.
Hicimos y propusimos y, por eso, teníamos una idea muy clara de cómo formalizar todo eso en programas de gobierno que redundaran en prácticas administrativas y rutinas de cultura organizacional, bajo una dinámica de colaboración entre sociedad e instancias públicas, o sea, seguir la secuencia de lo que hoy conocemos como Políticas Públicas. Si sabes HACER, que es lo más difícil, sabrás diseñar y consolidar el SER.
Por esa razón es que a los activistas sociales que supimos impulsar y construir políticas públicas sin tener reconocimiento jurídico, ni estructura organizacional, ni presupuesto y sin ni una pizca de autoridad nos dan recelo las quejas de los CPC.
La razón de a deveras: el tránsito del SER al HACER
Me parece que la razón más productiva a revisar es esta: que los Sistemas se preocuparon y ocuparon mucho en autoconstruirse y ahora están ante el gran dilema de cómo hacer todo eso que se pusieron en los mandatos legales, planes, promesas y, recientemente, en las Políticas Estatales Anticorrupción. Se preocuparon primero por SER y ahora se enfrentan al HACER, que ya señalé que, como todo en la vida, es lo más difícil. Están empantanados en una crisis de acción, y la sociedad lo nota.
Todavía estamos a tiempo de que los CPC impulsen un fuerte componente de visión y metodología de sociedad civil en la hechura y posterior implementación de sus Políticas Estatales Anticorrupción. Si esto no se logra en este momento, más adelante será más difícil incorporar esos elementos.
CORRUPCIÓN QUE MATA
El 6 de diciembre de 2019, la organización de la sociedad civil INICIATIVAS HUMANAS Y SOCIALES A.C., que tengo el orgullo de presidir, le entregó al CPC del Estado de México el documento “CORRUPCIÓN QUE MATA. Las compras públicas sensibles para la vida humana: riesgo prioritario de atención para los Sistemas Anticorrupción” (Descargar aquí) en donde precisa tres fines principales:
Visibilizar un tema que consideramos como muy importante de vigilar en materia de riesgos de corrupción: las compras de bienes y servicios que impactan directamente en la vida humana.
Presentar nuestras reflexiones de manera formal al Comité de Participación Ciudadana del estado de México para su utilización como material base en el desarrollo de sugerencias de política pública al gobierno del Estado. Queremos aportar este esfuerzo inicial de acercamiento para promover una dinámica nueva entre el sistema y las OSC para descubrir temas, ausencias y riesgos y generar propuestas y acción coordinada.
Proponer este ejemplo como un nuevo camino, el mejor posible, que pueda inspirar a otros Comités de Participación Ciudadana del país para establecer alianzas con organizaciones de la sociedad civil para identificar riesgos de corrupción y desarrollar juntos robustas propuestas de política pública para presentarlas al Sistema como propuestas formales de política al ente gubernamental.
El documento “presenta una reflexión sobre la naturaleza y riesgos de corrupción en materia de compras públicas y ofrece una breve revisión del caso de las compras del Estado de México reportadas en la Plataforma Nacional de Transparencia como correspondientes a 2019, desde el enfoque de las compras sensibles para la vida humana, cuya eventual corrupción no identificada ni controlada puede derivar en verdadera CORRUPCIÓN QUE MATA”.
Se señala también la crítica al enfoque predominante de las “Políticas Estatales Anticorrupción” (PEA) de estructurar estos documentos sólo con base en identificar y subsanar faltantes legales, institucionales y organizacionales, como si todavía estuvieran en la lógica de perfeccionar el SER, cuando la sociedad ya necesita ver y sentir un HACER de parte de los SEA.
Se advierte que si sólo se buscan perfeccionar las ausencias normativas y funcionales, sin incluir ejercicios de análisis de riesgos para comprender la corrupción desde la dimensión dinámica de su ocurrencia y la gravedad de sus impactos sociales, entonces estaremos creándole dos serias limitaciones a las PEA:
“De foco: paradójicamente nos estaríamos enfocando a beneficiar al ente público y no a la sociedad, formulando, más bien, “Políticas para el buen gobierno”, pero no “Políticas Anticorrupción”.
De alcance: estaríamos perfeccionando y rigidizando, con mucha ilusión y antes de entenderlos bien, muchos procesos formales y documentados, en contextos estatales donde los mejores fenómenos de corrupción ocurren mediante procesos informales y no documentados. Antes bien, las redes de corrupción, en nuestra experiencia, invierten muchos recursos en mantener su operación legalmente impecable; por eso el análisis de riesgos de los órganos internos de control o las auditorías no son suficientes.”
Por último, el documento adiciona la descripción de cuatro riesgos de corrupción que fueron muy evidentes en la sencilla revisión en materia de compras públicas sensibles en el Estado de México, con la solicitud al CPC estatal para que utilice los hallazgos como material base para el desarrollo de propuestas de política. Quizá ellos u otros nos inviten a ayudarles. Al tiempo.
