En este camino, una de las grandes deudas ha sido la negativa de permitir que las y los ciudadanos se constituyan como víctimas en casos de corrupción. El desconocimiento de esta calidad implica negarles el derecho a presentar pruebas, contar con acompañamiento legal, medidas de protección, reparación del daño y los demás contenidos en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La exigencia de castigo y sanción de actos de corrupción que ha ejercido la sociedad civil ha venido acompañada de la solicitud ante los órganos jurisdiccionales del reconocimiento como víctimas para poder acceder a todos estos derechos y participar en un proceso que realmente esté encaminado a no dejar impunes estos actos. Sin embargo, la mayoría de las resoluciones niegan que exista este derecho.
¿Por qué se niega la calidad de víctima a quien denuncia corrupción?
En México todos los delitos protegen bienes y derechos, por ejemplo, el delito de homicidio busca salvaguardar la vida; el delito de lesiones, la integridad física; la violación protege la libertad sexual, etc. Para los delitos de corrupción se considera que el bien que se vulnera es el correcto funcionamiento de la administración pública y por lo tanto no se valora como un derecho de un particular o de la ciudadanía en general, sino que se considera una violación al estado mismo, a su manejo y funcionamiento.
En este sentido, si una persona acude a las Fiscalías a denunciar actos de corrupción no será reconocida como víctima del delito, pues el estado en sí no considerará que sus derechos personales han sido dañados.
Este principio ha sido utilizado por distintos niveles del poder judicial y aunque sí existen autoridades que reconocen que las personas denunciantes sean consideradas como víctimas, como es el caso del Juzgado Quinto de Distrito en Aguascalientes, el criterio generalizado es no darles ese reconocimiento.
En febrero de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en el Amparo en Revisión 162/ 2022 que no se pueden considerar como víctimas a las personas que hayan denunciado actos de corrupción. Esto, al estimar que la calidad de víctima sólo se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de tus derechos y como ya mencionamos, en los delitos de corrupción no se considera que se violen los derechos del denunciante, sino del Estado mismo.
Entonces, si los ciudadanos no podemos darle seguimiento a los casos de corrupción, ¿qué instituciones sí pueden?
De acuerdo al artículo 17 fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior de la Federación es la encargada de formular denuncias de hecho por las presuntas irregularidades detectadas en el ejercicio del gasto. A su vez, el artículo 18 de fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que la Secretaría de la Función Pública es la encargada de presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntas omisiones o delitos cometidos por servidores públicos
Por ello, las dos instituciones que por ley tienen derecho a denunciar y dar seguimiento a las denuncias de estos casos, son los organismos internos de control y los entes de fiscalización superior, que a nivel federal son la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP). En estas instituciones se debe concentrar y consolidar la gran tarea de denunciar e impulsar los procesos penales para que se sancionen actos de corrupción y evitar su reincidencia.
Los resultados de la ASF y de la SFP en la investigación y sanción de actos de corrupción
En Impunidad Cero revisamos la información sobre las denuncias iniciadas por parte de las Entidades de Fiscalización Superior y el avance que tienen, lamentablemente el resultado fue que no sólo existen pocas denuncias, sino que no existen sentencias condenatorias por las irregularidades detectadas. Las cifras tanto de ASF como de la SFP muestran que ninguna de estas instituciones ha sido capaz de llevar a cabo esta tarea de manera óptima.
La SFP presentó sólo 173 denuncias en el periodo de 2015 a 2022 ante la FGR por irregularidades y posibles hechos de corrupción cometidos por servidores públicos. La institución con mayor número de denuncias de hechos es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 57 % de las denuncias de hechos registradas. La irregularidad más común fue falsificación de documentos (27 %), seguido de uso ilícito de atribuciones y facultades (23 %), peculado (12 %), cohecho (10.4 %) y ejercicio abusivo de funciones (10.4 %).
Pero la mayoría de estas denuncias aún se encuentran en proceso. El 58.4 % se encuentran en investigación, el 8.7 % están en trámite, en el .6 % de los casos no se ha ejercido acción penal y sólamente el 32.4 % se han concluido.
Quizá el dato más grave es que de los procesos concluidos, no existe una sola sentencia condenatoria, el 85.5 % concluyó por no ejercicio de la acción penal, el 5.5 % fue archivado, el 3.6 % finalizó por sobreseimiento, y solo en un caso se realizó un informe de presunta responsabilidad administrativa y un acuerdo reparatorio.
La situación para la Auditoría Superior de la Federación no es más esperanzadora, pues como revelamos en nuestra investigación “Datos abiertos de fiscalización para el combate a la corrupción”, la ASF presentó 962 denuncias de hechos relacionados con las Cuentas Públicas de 1998 a 2016 y de estas el 64.6 % se encuentran en integración, el 2.9 % se judicializaron, el 1.8 % tienen sentencia, y sólo en siete asuntos se condenaron los hechos, lo que equivale al .6 %.
Los ciudadanos y ciudadanas no tenemos derecho a darle seguimiento a las denuncias pero las instituciones encargadas de hacerlo, aquellas que se han apropiado del monopolio de la acción penal y de la participación en los procesos de denuncia, tampoco están haciendo su trabajo. El discurso de empoderamiento a la ciudadanía para que participe de forma activa en la lucha contra la corrupción debe venir acompañado de una mirada más amplia, aquella que nos permita intervenir en los procesos para que las denuncias de corrupción no sean sólo archivadas.
Fuente: Animal Político
