En los últimos dos años, el desabasto de medicamentos en las instituciones de salud pública se ha agudizado a niveles sin precedentes. Por ejemplo, en 2019 y 2020, el Instituto Mexicano del Seguro Social dejó de surtir un total de 20.9 millones de recetas. En 2002, 21% de las recetas no fueron surtidas de forma efectiva en las unidades de atención primaria de la Secretaría de Salud.1 La evidencia ciudadana muestra una tendencia similar. El segundo Informe Cuatrimestral de Cero Desabasto, que mediante una plataforma permite a la ciudadanía reportar el no surtimiento o surtimiento incompleto de recetas, muestra que el desabasto ha aumentado en todo el país y en todas las instituciones de salud pública. En este segundo cuatrimestre se recabaron 1,823 reportes de desabasto de las 32 entidades. Las tres instituciones con más reportes son: IMSS (54%), INSABI (21%) e ISSSTE (14%). Los tres padecimientos con más reportes son el cáncer, la diabetes y las personas trasplantadas.2 Estas cifras de desabasto representan miles de personas cuyo derecho a la salud y a una vida digna se está violando sistemáticamente y que, día a día, enfrentan el reto de buscar los medicamentos y tratamientos por su propia cuenta, muriendo incluso si no lo consiguen.
En México, el artículo cuarto constitucional reconoce el derecho a la protección de la salud. Por su parte, en la Ley General de Salud, el Estado se compromete a asegurar el bienestar físico y mental de las personas, así como el disfrute de servicios de salud que satisfagan eficaz y oportunamente sus necesidades. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, un elemento indispensable para garantizar la salud es que las personas cuenten con acceso oportuno a medicamentos seguros, de calidad, eficaces y asequibles. La ausencia de éstos puede afectar su integridad física y proyectos de vida y, en última instancia, incluso su vida.
Pero ¿por qué hay y persiste una crisis de desabasto en nuestro país? La respuesta es sencilla: ninguno de los esquemas de compras implementados por el gobierno hasta ahora ha sido efectivo. No han logrado satisfacer la demanda y no han puesto en el centro a las y los pacientes para evitar que sufran de desabasto.
A su llegada al poder, la actual administración decidió modificar el esquema de compras públicas de medicamentos, pues acusó que en éste había “influyentismo” y “corrupción”, ya que tres o cuatro distribuidoras eran quienes mayoritariamente vendían y también distribuían los medicamentos a instituciones públicas de salud. Para evitar esta concentración, en 2019, el gobierno federal probó un nuevo esquema de compra, transfirió a la SHCP la facultad de realizar las adquisiciones de medicamentos que antes hacía el IMSS. También dividió la licitación en dos: una para la venta del medicamento y otra para su distribución. Si bien la SHCP se ayudó de la SSA para realizar la primera licitación, sus resultados fueron limitados.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no hubo una adecuada planeación ni seguimiento de la mega compra que hizo la SHCP, por lo que, de las 3,988 partidas que buscaban adquirirse, solo 36% tuvieron alguna empresa ganadora, 48% fueron desiertas y 18% no se acabaron licitando. Esto obligó a que las propias instituciones de salud tuvieran que realizar compras de emergencia para satisfacer de forma rápida la demanda de medicamentos. Además, no se realizó un seguimiento adecuado de los medicamentos que sí se compraron por la SHCP para verificar que hubieran llegado de forma oportuna y efectiva a la población usuaria de los sistemas de salud pública.3
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