Una propuesta del Congreso eliminaría 109 fideicomisos públicos. Encuentro por lo menos tres razones por las que la eliminación es una mala idea.

Opacidad

El argumento principal de la iniciativa de ley para desaparecer los fideicomisos es que son opacos. Como ya se ha dicho hasta el cansancio, la figura de los fideicomisos no es opaca en sí. Al contrario, gracias a una serie de reformas en los últimos años, son mecanismos que permiten vigilar mejor el uso de los recursos porque tienen reglas de operación estrictas y son auditables por la Secretaría de la Función Pública y por la Auditoría Superior de la Federación. Cada uno de estos fideicomisos tiene un comité técnico encargado de supervisar que los fondos se gasten en lo que estaba previsto. Por obligación de transparencia, los reportes de estos comités son publicados cada tres o seis meses. Así que mucha de la opacidad no tiene que ver con la figura del fideicomiso, sino que depende de qué entidades los operan.

Siempre pueden mejorarse los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluso de los más pulcros. Eso es lo que debería de hacerse en los casos que hayan presentado malos manejos. Fundar presentó un informe con sugerencias en ese sentido. Esta puede ser una oportunidad para mejorar su operación.

Destino de los recursos públicos

El proyecto de ley señala que los recursos se concentrarán en la Tesorería de la Federación, sin especificar a qué deben destinarse. Es una centralización notable. Aunque se toma la pandemia como justificación para eliminar los fideicomisos, no tenemos la certeza de que esos recursos no terminarán en otra parte o, simplemente, se añadirán al presupuesto de 2021, que debe ser aprobado el 15 de noviembre.

Ante las críticas de los grupos afectados por esta medida, el gobierno y los diputados se defienden aduciendo que los recursos seguirán llegando a quienes tenían que recibirlos: científicos, artistas, víctimas, periodistas, defensores de derechos humanos, proyectos de medio ambiente, etc. Efectivamente, la mayoría de ese dinero ya está etiquetada y por varios años. Entonces, si el gobierno respeta esos compromisos, los recursos no podrían usarse para combatir la pandemia, ni para nada más.

Algunos de estos fideicomisos concentran recursos propios, autogenerados o de terceros; la ley prevé regresarlos a las instituciones. De ser el caso, no habrá reglas de operación claras para manejar esos recursos, ya que las reglas eran las de los fideicomisos. En el caso de la ciencia y la tecnología, así como del cine, esta decisión va a detener proyectos durante un tiempo largo, hasta que se resuelvan muchas interrogantes administrativas y legales.

Varios tipos de fideicomisos

Los fideicomisos son muchos y muy variados. El grueso de los recursos está en el Fonden —veamos qué pasa en el próximo temblor o huracán—. Los demás fideicomisos, como los de ciencia y tecnología, cine, artes, víctimas y periodistas, tienen relativamente poco dinero por lo que, en ese caso, el interés es más el de restarle autonomía política a esos colectivos, pues estos instrumentos les permiten asegurar recursos para sus actividades multianuales independientemente del ciclo político. Hay otros fondos cuya desaparición preocupa porque están vinculados a tratados internacionales suscritos por México en materia de medio ambiente y cambio climático, vinculados al Acuerdo de París, o los de cooperación con Centroamérica.

Dada esta variedad, resulta evidente que no es una buena idea acabar con todos de tajo y sin miramientos. Lo correcto sería auditarlos y perseguir las irregularidades. Por eso, cuando el 22 de mayo se propuso por primera vez extinguir 44 fideicomisos, la complejidad del caso hizo que se convocara a un parlamento abierto para analizarlos uno por uno. Se invitó a los distintos grupos que los operan para explicar para qué sirven y cómo se manejan. Tras varios días de análisis y diálogo, la conclusión a la que llegaron los diputados fue que sólo desaparecerían un puñado de ellos.

Sin embargo, tras esa larga discusión, resulta que no solamente eliminarían los 44 fideicomisos originalmente propuestos, sino que ahora son 109. Los problemas que se presentan son monumentales. Por eso, la propuesta de ley tiene más de 300 reservas que deberían discutir los diputados en el pleno antes de aprobarla.

Por: Lorena Ruano
Profesora investigadora de la División de Estudios Internacionales del CIDE, Secretaria General del Sindicato del Personal Académico del CIDE (Sipacide) y Coordinadora de Organización de la Federación Nacional de Sindicatos de Ciencia y Tecnología (Fenasscyt).

Fuente: Nexos