El día de ayer, 15 de diciembre, concluyó el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y el Senado de la República dejando pendientes importantes en materia de designaciones públicas. Durante este periodo –que inició el primero de septiembre pasado- debían llevarse a cabo 18 designaciones,¹ de las cuales solo se realizaron tres, correspondientes a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),² una integrante de la junta de gobierno del Banco de México (Banxico)³ y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que tenía un año sin resolverse⁴; quedan aún sin definición 15 designaciones de altas responsabilidades públicas, es decir, el 83% del total.

La lista de las designaciones que quedan pendientes son una persona integrante del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); 2 personas comisionadas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); 3 personas comisionadas de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)⁵; 3 personas comisionadas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); 1 persona comisionada de la Comisión Reguladora de energía (CRE); 1 persona consejera del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) generada por la salida de Loretta Ortiz⁶; 3 personas magistradas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); y 1 persona magistrada del Tribunal Superior Agrario (TSA). A este universo se suma una más debido a la renuncia de Aarón Grageda como integrante de la Comisión de Selección (CS) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Lo que da un total de 16 designaciones pendientes para 2022 por parte del Senado de la República.

A este rezago se suman las malas prácticas que persisten en estos procesos, pues tanto la designación de la ministra de la SCJN como la de la integrante del BM se caracterizaron por realizarse de manera sumamente apresurada, en un lapso de una semana cada una. Decisiones vitales para el rumbo del país se procesaron de manera exprés, lo cual resultó insuficiente para que se diera un escrutinio y deliberación pública amplia y para qué se analizará con profundidad la idoneidad de los perfiles propuestos, que cabe recordar tienen una cercanía conocida con el titular del Ejecutivo Federal. Aunado a ello, estos procesos carecieron de mecanismos efectivos de participación ciudadana, pues el que se generó rayó en el absurdo, como dar un solo día de plazo para el envío de preguntas para las comparecencias de la terna a la SCJN por parte de sociedad civil y aludir con ello al “Parlamento Abierto”, cuando claramente lo limitado del ejercicio confirmó su simulación.

Una omisión constante de parte del Senado que en estas designaciones se hizo presente de nueva cuenta fue la falta de una evaluación de los perfiles a partir de criterios objetivos y características sustantivas que diesen cuenta de su idoneidad o de las razones del porqué se designa a un perfil sobre otro. En lugar de ello, se vio la aprobación de los dictámenes en sesiones sin discusión y con un contenido pobre que solo describe los currículums y el cumplimiento de los requisitos legales de “elegibilidad”. Es decir, no son dictámenes fundados ni motivados de estas decisiones.

Estas malas prácticas que apreciamos designación tras designación hacen urgente replantear tanto las reglas que regulan estos procesos como los requisitos que se establecen en los marcos legales para acceder a altas responsabilidades públicas, con la finalidad de que se incorporen estándares de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e idoneidad, de manera que su aplicación no quede al compromiso –o no– que tengan las autoridades encargadas de llevarlos a cabo y haya controles que apuntalen nuevas formas para la toma de estas decisiones, que vale recordar nos afectan a todos, todas y todes. Es decir, reglas que permitan que las designaciones sean ejercicios abiertos –y no opacos ni discrecionales– incluyentes –y no cerrados, donde la sociedad tenga garantizado su derecho a participar– y, sobre todo, decisiones que pongan en el centro a las personas y no los intereses de grupos, partidos políticos o de unas cuantas personas.

El 2022 será una buena oportunidad para amplificar la reflexión y concretar este cambio de reglas, no solo para los 23 procesos de designación que tendrá en su agenda el Senado de la República –16 pendientes de 2021 y 7 que deben darse durante el próximo año–⁷ sino para el conjunto de estas decisiones y así construir confianza, legitimidad y certeza.

Fuente: https://www.animalpolitico.com/res-publica/designaciones-publicas-la-deuda-que-nos-deja-el-senado/