A poco más de treinta días que se cumpla el plazo perentorio para que todas las obligaciones de transparencia, señaladas en los artículos 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, estén cargadas en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), hoy es un compromiso, después del 6 de noviembre será una falla técnica.
La Plataforma Nacional de Transparencia presenta serios problemas en el SIPOT que llegada la fecha establecida lo más probable es que mantenga las deficiencias. Para el INAI es una falla técnica que se está atendiendo con el proveedor y no pasa más allá de una sanción por incumplimiento al contrato.
Para los ciudadanos de a pie, es una violación a nuestro Derecho a la Información porque no se está garantizando, los sujetos obligados mantienen “en construcción” varias de las fracciones de la información pública de oficio que los obligaba su anterior ley, so pretexto, que están en la transición de la información.
Los ciudadanos llevamos ya, 5 meses tolerando esta inconsistencia y esperando que esto concluya; como se dice en el vulgo, estamos dándoles “champú”. Sin embargo, conforme a las capacitaciones que se están otorgando por el INAI a lo largo y ancho del país, más como medida paliativa que sustanciosa, nos enteramos que los sujetos obligados están al día de hoy impedidos para cargar su información. Luego entonces, el 6 de noviembre no estarán cargadas las obligaciones de transparencia en el SIPOT, la transparencia gubernamental será nugatoria Me hace recordar aquel hecho ignominioso de 1988 cuando se “cayó” el sistema. El 6 de noviembre se repetirá la historia, nos dirán que continúan las fallas técnicas, si todo sigue igual, alcanzaremos nuestro derecho a la información hasta el mes de marzo de 2017 si bien nos va.
Lamentable es, que desde mayo de 2015 que se promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hayan pasado 16 meses y no pueda concretarse. Así no hay incentivos para confiar en el Órgano Garante Nacional quien es responsable de su implementación, el desapego a las instituciones se amplia.
Aunado a esto, ya involucraron a los órganos locales quienes han tenido que afrontar las consecuencias de las fallas de la plataforma. Por una parte, cargar con la responsabilidad de contener a los sujetos obligados ante la imposibilidad de utilizar la plataforma y, por otra, atender a los ciudadanos dentro de otro sistema, el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, mismo que obstaculiza nuestro Derecho al tener serios problemas de interfaz de usuario para realizar solicitudes de información pero sobre todo, para interponer recursos de revisión. Si bien es cierto que habilitaron un plan B con la plataforma INFOMEX, su implementación ha tenido problemas que poco a poco se han ido corrigiendo, aunque permanecen todavía deficiencias, en otras palabras, estamos en un serio retroceso. Los sujetos obligados sin nada que perder, ya que tendrán más tiempo para hacer su trabajo y contarán con un pretexto para no hacerlo, mientras que los ciudadanos permaneceremos como en otros rubros, en la desigualdad de la transparencia.
El contrato de prestación de servicios 0A/CO31/15 por un importe de 8.33 millones de pesos más IVA con el objeto “DESARROLLO DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PRIMERA ETAPA” venció el 31 de diciembre de 2015 y establece que será un contrato fijo no sujeto a escalatorias, además la forma de pago será por cada uno de los entregables contra entrega y aceptación a entera satisfacción. Entonces no queda claro que falló, podría ser que los términos de referencia de la convocante no fueron lo suficientemente robustos en el diseño de la plataforma o en su defecto, que la empresa no contó con la capacidad técnica para afrontar los trabajos. Alguien debiera ya estar emitiendo un posicionamiento al respecto, pero con la verdad por delante. Con este hecho el INAI nos demuestra que la desigualdad es impulsada por ellos mismos, a los ciudadanos nos deben una explicación de manera abierta y frontal, como la que supongo, ya se la proporcionaron a nuestros legisladores, ya que están solicitando recursos adicionales para la plataforma en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.
Al final de estos sucesos, queda la duda si los recursos adicionales que están solicitando a la Cámara de Diputados, serán para cubrir las omisiones de los contratos anteriores para estar en condiciones de hacer realidad la Plataforma Nacional de Transparencia. Empero, pasa por un procedimiento de responsabilidad administrativa para quien o quienes resulten responsables por la violación franca al 134 Constitucional. Una mala señal la que envía el INAI a los ciudadanos. A propósito la Semana Nacional de Transparencia 2016 tiene como tema principal la desigualdad, esperemos que llegue algún ciudadano y exija cuentas de esta simulación. Los comisionados de los órganos garantes seguramente ni tocarán el tema porque ya son corresponsables.