Para Jacqueline Peschard, ex presidenta del IFAI

La buena noticia es que, aparentemente, el gobierno mexicano ha comenzado a comprender la enorme importancia que tiene la transparencia como herramienta clave de la gestión pública. Así lo prueba la publicación de los nombres de los presuntos deudores y evasores fiscales: como si fuera cartulina en condominio, el gobierno utilizó sus datos para ventilar y presionar abiertamente a quienes —según Hacienda— no han cumplido con sus obligaciones ante el resto de la sociedad. La mala, es que esa decisión fue tomada para su provecho propio, con una pésima implementación y en el más viejo estilo autoritario de: “hágase justicia, en los bueyes de mi compadre”.

No es cosa trivial que la decisión de publicar esa lista haya venido, precisamente, del mismo órgano que se ha negado a ventilar —desde el gobierno de Felipe Calderón y hasta la fecha— los datos de las personas a quienes ha condonado el pago de créditos fiscales, desde el año 2007; ni tampoco que sea ese mismo órgano (el Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda) uno de los adversarios jurídicos más consistentes de las decisiones de apertura de la información tomadas por el IFAI y ratificadas por el sistema judicial.

Cuando les convino, publicaron las listas de quienes no han pagado impuestos o de quienes no han puesto al día sus datos —e incluso de quienes no estaban en sus casas cuando fueron a verificarlos, como sucedió, entre otros, con el embarazoso episodio de José Woldenberg—. En esos casos no valieron las razones esgrimidas antes contra las resoluciones del IFAI, según las cuales los datos personales no sólo resultaban intocables, pues su publicación pondría en riesgo la integridad de las personas señaladas, sino que además podría generar sanciones contra los propios funcionarios.

Echando mano de una doble moral indefendible, el SAT ha usado ahora los datos que tiene en sus archivos para presionar a quienes considera morosos o evasores —reales o burocráticamente construidos—, con los mismos argumentos que antes refutó ante el IFAI para ocultar sus decisiones sobre los créditos fiscales no pagados al erario. Una batalla en la que, por cierto, Ángel Trinidad Zaldívar y Jacqueline Peschard han dado la cara con toda valentía, desde el elocuente y simplísimo criterio de que la transparencia ha de llegar tan lejos como los dineros públicos. El mismo principio que antes combatía y hoy esgrime, para su provecho, el SAT.

A la luz de esa decisión, sería una magnífica noticia que Hacienda rectificara sus posiciones de una vez y para siempre; y que, a partir de ahora, abra toda la información sobre los dineros que le pertenecen a la sociedad y que esa decisión obligue a las propias autoridades, a su vez, a producir los datos pertinentes que hoy todavía no tenemos, así como a generar los medios para ponerlos a disposición del público de manera fácil y accesible; exactamente como sucedió con las listas de deudores. En cambio, sería una pésima señal que la transparencia se utilice como arma política según los intereses selectivos de la burocracia federal. El criterio tiene que ser parejo: la máxima publicidad, siempre e invariablemente, en todos los asuntos públicos.

De paso, esa misma decisión serviría para mostrar qué tan avanzados están los sistemas de gestión de los ingresos y los gastos públicos, qué tan completa y acuciosa es la información que se produce en el gobierno y qué tan confiables son los procedimientos que se emplean para operar las decisiones públicas y cumplir con los mandatos constitucionales, entre otras cosas. Y para eso, en efecto, es necesario abandonar la doble moral que hasta ahora ha acompañado el tema, para zanjarlo de una buena vez por el lado correcto de la apertura franca de la información.

Fuente: El Universal