La reforma política a la educación parecía marchar bien. La reforma constitucional salió con el acuerdo de los tres del Pacto y estableció con precisión los términos de lo que debería ser la legislación secundaria en la materia: sistema nacional de evaluación con un órgano rector autónomo, la calidad basada en el logro académico como garantía material a tutelar y servicio profesional docente con criterios de ingreso, promoción, estímulos y permanencia basados en el buen desempeño profesional, de manera que los profesores quedaran liberados del control que el SNTE (y la CNTE) ejerce sobre su carrera.

Sin embargo, a la hora de los detalles en los que se esconde el diablo, cuando los preceptos constitucionales tienen que asentarse en las leyes generales, ya las cosas no han fluido como debieron. La ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación parece avanzar sin tropiezos en la medida en que los partidos acordaron dejar su redacción en manos de los comisionados nombrados conforme a la reforma constitucional; la ley general de educación tampoco ha presentado mayores problemas, pues sólo requería ajustes, aunque muy importantes. El obstáculo lo ha presentado la Ley General del Servicio Profesional Docente, precisamente porque ahí radica la parte medular de la reforma, la que modifica los derechos de propiedad del sistema educativo, pues le quita al SNTE y a los gobiernos de los estados la discrecionalidad sobre el manejo de las plazas y cambia el sistema de incentivos de los profesores, ya que de hacerse bien debería establecer un sistema de reconocimiento de carrera basado el la demostración de méritos y buen desempeño, en el que se tomaría en cuenta los resultados de su evaluación.

¿Cómo debería ser el servicio profesional docente? Va una explicación esquemática del posible diseño planteado por más de 300 organizaciones civiles agrupadas en Juntos por la Educación:

1. El reclutamiento: todos los egresados de la educación superior podrían presentar el concurso nacional de ingreso al Servicio Profesional Docente, un cuerpo equivalente al del Servicio Exterior Mexicano. Los que lo pasaran tendrían un período de inducción a la docencia de seis meses bajo la supervisión de un profesor titular perteneciente al servicio. Al finalizar ese periodo se seleccionaría a quienes podrían concursar por las plazas vacantes en los estados y una lista de suplentes.
2. Las plazas: los profesores que superaran la etapa de reclutamiento ingresarían al Servicio Profesional Docente y concursarían por las plazas específicas que abrieran las entidades federativas, ya sea por tiempo indeterminado o por tiempo determinado. Cada profesor sabría a que plaza estaría aspirando. La gestión de las plazas las harían los estados con base en la zona escolar como núcleo de planeación.
3. El sistema de promoción y reconocimiento: los integrantes del servicio profesional de nuevo ingreso adquirirían la categoría de profesor asociado A. Después de un año de ejercicio deberían presentar su solicitud de reconocimiento; de los resultados de su evaluación dependería si pasa a nivel B o C o se queda como está. La escala de niveles sería móvil y se podría ascender o descender en ella dependiendo de los méritos demostrados en el reconocimiento anual. Ahí las evaluaciones estandarizadas serían sólo un elemento a tomar en cuenta, junto con los cursos realizados, la publicación de sus experiencias docentes o de artículos sobre su labor y las evaluaciones de desempeño hechas por los consejos de participación escolar. El período máximo para permanecer como profesor asociado sería de cinco años, pasados los cuáles los docentes estarían obligados a promoverse a la siguiente categoría, la de profesor certificado. Los profesores que no lograran el puntaje para su promoción serían separados de la docencia. Debido a que el concurso de ingreso y el período de inducción garantizarían un alto nivel en el reclutamiento, muy pocos, si es que alguno, de los profesores saldrían del sistema en esta etapa. Una vez promovidos a profesores certificados, los docentes presentarían cada año su solicitud de reconocimiento para fijar su nivel en A, B o C, de nuevo como escala móvil. En un plazo máximo de diez años los profesores certificados tendrían que solicitar su promoción a profesor titular. De no obtener el puntaje necesario, serían separados del servicio con media pensión. Los profesores titulares obtendrían la definitividad hasta su jubilación, a menos que fueran separados del servicio por falta grave. Desde luego, estarían sometidos al reconocimiento anual para fijar su nivel en A, B o C. Cada ascenso en categoría o nivel significaría un aumento en el nivel salarial y en la jerarquía de la escuela, pero sin que los profesores dejaran su trabajo frente al grupo.
4. La carrera de directores y supervisores: ésta sería una rama específica del servicio profesional. Los docentes que aspiraran a concursar plazas de directores o supervisores serían certificados por el servicio profesional nacional, después de lo cual podrían concursar a la plaza correspondiente. Los directores y supervisores también presentarían anualmente solicitud de reconocimiento para fijar su nivel en A, B o C.
5. Los profesores actualmente en ejercicio: todos quedarían en la plaza y nivel que tienen actualmente. Para obtener cualquier cambio de adscripción o promoción, tendrían que obtener la certificación del servicio profesional docente por medio de un concurso especial de ingreso que se abriría año con año. Se deberían establecer también programas de jubilación anticipada y retiro voluntario.
6. El servicio profesional docente sería un sistema nacional de gestión y reconocimiento de la carrera de los maestros gestionado por un órgano desconcentrado de la SEP, mientras que las plazas serían gestionadas localmente. La federación establecería los salarios base por categoría y nivel y garantizaría los recursos para que las entidades federativas pagaran a los maestros lo correspondiente.
7. En paralelo se desarrollaría un sistema nacional de formación continua y actualización de los maestros en el que participarían las universidades, la UPN y las normales —a las que se debería someter a un proceso de modernización y ampliación de recursos—, que dotara a los profesores de las herramientas necesarias para enfrentar las nuevas condiciones de desempeño y permitiera la incorporación al nuevo servicio del mayor número de maestros hoy en ejercicio.

Sin embargo, ha faltado claridad en los partidos para diseñar un sistema de estas características, mientras que una parte importante del PRD se opone a cualquier sistema que no implique la definitividad de los maestros una vez superado el concurso de ingreso. La posibilidad de que la reforma se empantane es grande, pero el peligro mayor sería que para lograr el acuerdo se hiciera un diseño que resultara en un cambio meramente cosmético.

Fuente: Sin Embargo