Este pasado 25 de junio de 2020, en conferencia de prensa, el Gobernador de Puebla expuso que la “Junta de Gobierno”(Sic) del “Órgano Anticorrupción del Estado de Puebla”(Sic) decidió reducir la remuneración de los integrantes ciudadanos que encabezan la parte social de este organismo. Como nunca supo expresarse bien al mencionarlo, quiero pensar que se estaba refiriendo a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción.
Ese mismo día, el Comité Estatal de Participación Ciudadana poblano (CEPC, en el caso de las siglas en ese Estado) publicó el documento “Aclaraciones que hace el Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla para solicitar al C. Gobernador del Estado corrija declaraciones inexactas hechas en su conferencia de prensa del 25 de junio de 2020”, donde presenta argumentos aclaratorios a las afirmaciones del señor Gobernador.
En la entrevista el mandatario expuso que “a todos nos causó una sorpresa” que los integrantes “Ciudadanos” del Sistema Anticorrupción percibieran una cantidad de 140,000 pesos por realizar su trabajo. Si bien no señaló la periodicidad, dejó entender que se refería al monto mensual.
Este caso ilustra lo que ya sabemos: que el compromiso anticorrupción es todavía un elemento ausente en muchos de nuestros gobernantes. Sin embargo, lo central a reflexionar es sobre el daño de fondo que provoca el hecho de que los gobernantes perciban el gasto en capital humano para las tareas anticorrupción como un despilfarro y se les ocurra hablar o actuar en orden a esa limitada visión.
El caso Puebla
El documento publicado por el CEPC, el mismo día de las declaraciones de su Gobernador, rebate seis afirmaciones identificadas en los dichos de éste. Tres de ellas referentes a imprecisiones derivadas del notorio desconocimiento del mandatario local sobre la estructura y organización del Sistema Anticorrupción de su propio Estado.
En otra más de las afirmaciones el Gobernador señala, refiriéndose a lo que él llama el órgano anticorrupción, que “…la revisión de las finanzas era un desastre.”. El CEPC aclaró, con mucha precisión, que las finanzas no las llevan ellos, sino que dichas funciones “…recaen en el Órgano de Gobierno y en la Secretaría Ejecutiva, entidades gubernamentales no ciudadanas”.
Las dos últimas afirmaciones, que son las que motivan la inquietud de este artículo, fueron:
- Que los integrantes del CEPC se asignan “compensaciones, viajes y prebendas” y
- La ya señalada acusación de percibir 140,000 pesos al mes.
Sobre el primer punto, el CEPC aclaró que “Por acuerdo del Órgano de Control de la Secretaría Ejecutiva del SEA, únicamente quien presidía el CEPC y, en consecuencia, el SEA, tenía la posibilidad de obtener algunos viáticos y ayuda de transporte cuando requería desplazarse para cumplir sus funciones”. Con esto aclara que, realmente, sólo quien preside el CPC pudiera tener algún apoyo en ese sentido, que, por cierto, no decide este ciudadano o ciudadana, sino los burócratas que administran los recursos del Sistema.
Sobre el segundo punto, el documento del CEPC ofrece una liga que remite a un archivo denominado “Análisis de la remuneración anual de los miembros del Comité Estatal de Participación Ciudadana” y en donde aparece con claridad que la remuneración mensual de los integrantes del CEPC en 2019 fue de $ 115,384.56, el Presidente, y $ 104,894.40 cada uno de los demás integrantes. Es decir, no son montos ni siquiera cercanos a los $140,000.00 afirmados por el Gobernador.
Además, en el mismo documento de análisis aparece que el Presidente del CEPC tuvo que lidiar con el pago mensual promedio de $20,793.96 de ISR y cada uno de los otros integrantes con un monto por ese estilo. Resulta que la remuneración real ya viene siendo como de $94,590.60 para el Presidente y menos de eso para los demás.
Por cierto, el documento también explica que en esa remuneración estuvieron incluidos:
- Los gastos de operación de cada integrante, calculados en $35,000.00 mensuales
- Tres viajes por año, calculados en $10,000.00 cada uno. Es decir, en promedio, $2,500.00 pesos mensuales, y
- El pago del seguro voluntario al IMSS, pues si alguien deseaba este servicio, lo debía de pagar de su bolsa.
O sea, la remuneración real hecha a los integrante de CEPC, como contraprestación directa a su trabajo, terminó siendo de $57,000.00 para el Presidente y menos de los $50,000.00 para cada uno de los demás integrantes; bastante lejano este monto real al declarado por el Gobernador.
El cuento poblano no ha terminado. El CEPC pidió al Gobernador que haga las correspondientes aclaraciones (falta ver si hace caso) y también parece que mantiene lucha legal/administrativa para combatir la reducción de remuneración en contra de ellos.
La reflexión del fenómeno
El caso poblano es el más reciente, pero no es el único. Bajo el diseño actual de los Sistemas Anticorrupción, en el que a nadie se le ocurrió indexar las remuneraciones de los integrantes de los CPC a algún tabulador fijo, es posible y seductora la idea, para el gobernante en turno, de asignar o negar, elevar o reducir, dicha remuneración con base en sus criterios e intereses subjetivos.
Esta posibilidad perversa, de que el gobernante se niegue a “comprar” los servicios especializados necesarios para atender un problema tan sentido y urgente como la corrupción, configura un auténtico boicot en contra de los intereses de todos.
En el caso en mención, el mensaje del Gobernador esencialmente fue presentar al CEPC como algo malo, como una carga presupuestal innecesaria y hasta perversa, que los ciudadanos no deberían estar ganando las cantidades estratosféricas que ganan para un temilla tan sin importancia como el combate a la corrupción.
Eso ya es bastante malo, pues refleja una falta de ánimo para tomar el tema anticorrupción con la seriedad debida y refuerza la idea de que el gasto en ese tema, especialmente en pagar servicios de Capital Humano especializado, es algo así como un despilfarro.
Sin embargo, el mayor daño de fondo de las actitudes como la del Gobernador de Puebla es que entorpecen, o de plano detienen, la formación de la “masa crítica” de capital humano especializado que el país necesita para resolver el problema de la corrupción.
La Secretaría de Educación Pública y la intención de alfabetizar masivamente a los mexicanos tuvo su origen en los años 20´s del siglo XX, pero no pudo ser posible sino hasta los años 50´s y 60´s, cuando se pudo contar con suficientes maestros formados para poder llegar a la mayoría de los lugares alejados y escondidos del país. Y esa misma aventura la corrieron los médicos, para lograr la vacunación a todos los niños de México, o los ingenieros agrónomos para extender mejores prácticas de cultivo.
Es decir, para cualquier política pública de grandes dimensiones no sólo ha sido suficiente tener las leyes y contar con las “ganas”; se ha tenido que formar una “masa crítica”, una cantidad mínima necesaria de personas especializadas y, evidentemente, bien remuneradas para concentrarse a tiempo completo en abatir el problema público.
Seguramente que los integrantes del CEPC con su sueldo real reducido, al grado en que les sea más rentable otra actividad, tendrán que reducir también el tiempo o la calidad de su concentración anticorrupción o, eventualmente, renunciarán. En cualquier caso, los principales afectados serán los ciudadanos poblamos, quienes tardarán más en ver resultados sensibles en contra de la corrupción; por lo menos hasta que se den las condiciones para constituir una masa crítica de especialistas dedicados a ese objetivo.
Por cierto, sería interesante comparar las remuneraciones y condiciones ya analizados de los integrantes del CEPC contra las remuneraciones y condiciones de los diputados locales o los mismos funcionarios del gabinete estatal, a ver que sale. Quizá en otro artículo. Al tiempo.
