Por: CIDAC

El próximo 7 de junio, se votará la renovación de la totalidad de la Cámara de Diputados, así como decenas de cargos de elección popular entre gubernaturas, presidencias municipales y congresos locales. Los partidos ya han inaugurado las precampañas para elegir a los candidatos que los representarán en los comicios, desatando así lo que pudiera denominarse como “temporada de chapulines”. En la jerga electoral mexicana, los “chapulines” son aquellos funcionarios que piden licencia de su puesto actual para competir por un cargo de elección popular; “brincar” de una curul o escaño federal al ayuntamiento, o al congreso local, o a la gubernatura y/o viceversa. En las elecciones de 2012, hubo hasta 220 legisladores federales “chapulines”. En 2015, serán por lo menos más de 60 –esto sin contar aquellos legisladores locales que pretenden migrar a la legislatura federal.

Si bien las ambiciones políticas de los burócratas –y su derecho constitucional de contender por un cargo público—son válidas, la conducta “chapulín” en México deja entrever que la perpetuación en los distintos cargos de elección popular está regido por lealtades partidistas, y no por la herramienta de evaluación que debiera ser el voto de los electores (aquellos a quienes, en teoría, deberían responder los funcionarios en primera instancia). En cambio, los comicios plantean una dinámica perversa que funciona como una reelección de facto, pero hacia una posición de poder distinta, y no necesariamente  determinada por el buen desempeño de un candidato en la encomienda de la cual pretende saltar.

Las disposiciones del sistema electoral vigente crean distorsiones que permiten fácilmente largas carreras legislativas o en la administración pública, sin ser necesaria la rendición de cuentas ante los ciudadanos por la vía del voto. La reforma político-electoral de 2014 pretendió paliar esto con la reelección legislativa y las candidaturas independientes. No obstante, el diseño de estas herramientas introdujo incentivos todavía más perversos para premiar a la estrategia política por encima del desempeño. La reelección en los términos en los cuales está planteada –a partir de 2018 y donde, por cierto, estarán excluidos los actuales senadores—, funcionará como una simulación con candados partidistas (los órganos de dirigencia de los partidos serán el primer filtro para decidir si uno de sus miembros puede o no contender por la reelección de su cargo). Por su parte, las reglas excluyentes de las candidaturas independientes hacen de la figura un mecanismo de élites con acceso a amplios recursos económicos y/o con una importante red de apoyos políticos –no tanto sociales—a su alrededor.

El sistema electoral mexicano, como opera en la actualidad, consolida a una especie de aristocracia de políticos que no necesita desarrollar suficiente experiencia en la oficina, o crear un proyecto legislativo o de gobierno de largo plazo para permanecer en el cargo. En términos prácticos, el incentivo está puesto para que las estrategias electorales se reproduzcan en competencia de conductas clientelares. Aunado a esto, las reglas vigentes hacen del funcionamiento electoral un fenómeno poco transparente y complejo, lo cual dificulta que la desencantada ciudadanía entienda e identifique el papel y el poder del voto dentro del sistema político y de toma de decisiones. Cuando en una democracia el sufragio se ve como algo inútil y superfluo, sus raíces comienzan a podrirse.  La partidocracia se aprovecha del desprestigio del voto (y lo acrecienta) porque sabe que cuenta con los mecanismos suficientes para beneficiarse de una participación cada vez menor del electorado, de su apatía y, sobre todo, de la confusión que se engendra en la ciudadanía respecto a no saber cómo plantear e impulsar nuevas opciones.

La creación de herramientas de democracia participativa como la consulta popular, las candidaturas independientes, y la iniciativa ciudadana, podría constituir una alternativa al secuestro abusivo del poder ejercido por los partidos políticos. La mala noticia es que, al ser diseñadas por ellos mismos, también las terminaron por construir a modo. La consulta popular ya demostró su fracaso rotundo; las candidaturas independientes se reducirán a unos cuantos actores con capacidades económicas y políticas suficientes; y la iniciativa ciudadana es una total desconocida para la mayoría de la población. En realidad, la única alternativa real sería que un funcionario no tuviera que renunciar al cargo que ostenta para aspirar a otro, condición que la ley electoral hace imposible.

Así las cosas, si los ciudadanos no se deciden a levantar la voz y claudican a sus responsabilidades de en verdad exigir a sus representantes un adecuado ejercicio de su función, la partidocracia seguirá comportándose como le venga en gana. ¿Por qué no proponer que el voto nulo se traduzca en reducción de prerrogativas para los partidos y en la consiguiente reasignación de recursos a proyectos distintos al financiamiento de las burocracias partidistas? ¿Por qué no obligar a la rendición de cuentas, en vez de asumirla como una graciosa dádiva de los funcionarios públicos? ¿Por qué un funcionario se debe a su partido y no a la sociedad a la cual se supone tiene obligación de servir? Decepcionarse de la democracia sin siquiera haber terminado de luchar por ella, puede erigirse como el gran error histórico de una sociedad que aún dista mucho de haber despertado.