Como si hiciera falta Peña nos ha dado, con los resultados de la investigación de la Casa Blanca de “la gaviota” anunciados por Virgilio Andrade, una evidencia más de que es, como lo vengo llamando, el principal enemigo de la transparencia en México.
Más que lamentable es ello puesto que ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo de la nación.
Según la farsa (no se puede llamar de otra manera) de investigación no hay en dicho caso conflicto de interés.
Durante el pasado proceso electoral federal y locales que se realizaron de manera concurrente, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), realizó un ejercicio loable que denominó “Candidatos transparentes”. Propuso a los aspirantes a los cargos de elección popular en disputa que presentaran tres documentos que al hacerse públicos, los presentarían como personas que no ocultaban nada.
Uno de esos documentos fue su “Declaración de intereses”. La cual, señala el propio IMCO, “… permite identificar aquellas actividades o relaciones que podrían interferir con el ejercicio de las funciones o la toma de decisiones de un candidato en caso de ser electo como funcionario.”
De alguna manera lo que se conoce jurídicamente como conflicto de interés está relacionado efectivamente con la transparencia, en el sentido llano de que las decisiones de un funcionario público, son eso públicas y que no buscan ocultar beneficios personales.
O en términos más coloquiales, que los intereses personales de un funcionario público no interfieren en sus decisiones como tal al grado de obtener ventajas con ello. Eso es lo que se presume en el caso mencionado al principio. Es decir que Peña y su esposa obtuvieron la dichosa y ahora famosa casa, como una prebenda de parte de un contratista del gobierno federal, el “Grupo Higa”.
Fue tan acuciosa la investigación periodística de Carmen Aristegui y luego tan torpe la explicación de Angélica Rivera, que en el imaginario social quedó más que fija la idea de que algo turbio, es decir opaco, o no transparente, ocurrió ahí. Por pura lógica el despido de la periodista de MVS, lo vino a confirmar.
Que Virgilio Andrade diga que no hubo o hay conflicto de interés manda el mensaje exactamente contrario.
Dicen en el abstract los autores del ensayo publicado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), EN 2011, titulado Control de los conflictos de interés: Mecanismos organizacionales en la experiencia internacional y lecciones para México, que “Cuando un servidor público se beneficia (o da la apariencia de beneficiarse) de forma intencional u obra en beneficio de un tercero, se genera un conflicto de interés.”
Dos son las cosas que destaco de la cita anterior respecto al caso que motiva estas líneas. Uno, que por lo menos algo que está claro es que muy evidentes son los datos que muestran un “aparente” beneficio. Y dos que si en dado caso tal beneficio no es directamente para Peña, sí es para un tercero que resulta ser su cónyuge.
La falta de transparencia entonces da motivos reales para pensar sin ningún equívoco que estamos frente a uno más de los caso de conflicto de interés propios del priismo como cultura política del abuso del poder.
Lamentable en cuanto que frena u obstaculiza la ya de por sí tortuosa democratización del país. Porque, igual siguiendo el texto citado, cuando el conflicto de interés es real, lo que tenemos es tráfico de influencias y vil corrupción. Pero resulta que según el titular de la Secretaría de la Función Pública el que comentamos aquí, no es “real” sino “aparente”.
Reflexiono en esta columna, no para otra cosa sino para poner al alcance del ciudadano común que soy y quizá del que me lee, algo de lo que estudio en la materia. Trato de opinar lo más informado posible y por eso comparto las fuentes que cito por si alguien no coincida con mis conclusiones.
Por eso permítanme, apoyándome en el trabajo mencionado arriba, decir que, a pesar de la recién aprobada reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, los conflictos de interés son el secreto a voces de prácticamente toda la administración pública, desde Los Pinos, hasta el más recóndito de los municipios del país.
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