La semana pasada supimos de la ejecución de Gladys Aranza Ramos Gurrola, quien, a raíz de la desaparición de su esposo Brayan Omar Celaya en diciembre del 2020, era integrante del colectivo “Guerreras Buscadoras de Sonora”. Aranza Ramos era una mujer de tan sólo 28 años de edad, madre de una niña de casi 2 años, quien vio transformada su vida personal y familiar para convertirse en una activista tras la desaparición de su esposo. Junto con su colectivo se dio a la tarea de buscar en el estado del norte hasta encontrar fosas clandestinas, con la esperanza de que alguna de las personas ahí halladas fuera su esposo. Cabe decir que no es la primera ocasión que este colectivo sufre actos de intimidación; anteriormente una de sus líderes y fundadoras, Maryté Valadez Kinijara, tuvo que desplazarse fuera del estado debido a que recibió amenazas de muerte a consecuencia de la ardua labor de búsqueda, que realizan muchas veces en suplencia del propio Estado.

Desde que la desaparición de personas comenzó a ser una política de Estado, en la década de los sesenta, las familias fueron las primeras en emprender las búsquedas para localizar a sus seres queridos desaparecidos. Desde entonces la impunidad estaba inserta en las diversas instituciones, lo que evitó investigaciones inmediatas seguida de la falta de localización de las personas desaparecidas y, aún hoy, la ausencia de justicia absoluta en estos casos. Pese a ello, ha sido el impulso de las familias, en su mayoría representadas por mujeres, quienes no sólo han liderado las búsquedas en vida y en muerte de sus familiares desaparecidos, sino que han impulsado la transformación del aparato estatal para atender estos casos que desde 1964 1 no han cesado.

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Fuente: Animal Político