El final del Gobierno de López Obrador barrunta tormenta. Es cierto que, a diferencia de las crisis recurrentes de final de sexenio de los tiempos postreros del régimen del PRI, ahora no hay amenaza seria de quiebra financiera, en buena medida porque el Presidente, con tal de no hacer una reforma fiscal, se empeñó en una austeridad presupuestal que ha dejado maltrechas las capacidades básicas del Estado en salud, educación y seguridad, mientras los recursos escasos se han orientado a los programas de política clientelar y a las caprichosas obras de infraestructura. Sin embargo, por más que se trate de ocultar el sol con el brillo del carisma del gran líder, la gobernabilidad es precaria en buena parte del país y la violencia atenaza a millones de mexicanos.

En un agudo artículo publicado hace unos días en el blog de la redacción de la revista Nexos, Alberto J. Olvera, investigador de la Universidad Veracruzana, señala con precisión “la dura realidad del debilitamiento del Estado, su sustitución por órdenes informales locales y regionales, controlados crecientemente por grupos criminales, que van a jugar un papel central en las próximas elecciones”. En efecto, el Gobierno de López Obrador, más que la fundación de un nuevo régimen culmina como la crisis final de un orden autoritario que nunca llegó a desaparecer del todo, por más que surgieran nuevas instituciones incipientemente democráticas, puestas en jaque durante el último lustro por un caudillo empeñado en la concentración personal del poder, mientras debilitaba la institucionalidad estatal.

Ahora se abre el momento de la sucesión, con toda la carga de incertidumbre que acarrean las elecciones. Por el lado de la coalición formada en torno al actual Presidente, el procesamiento de la candidatura recuerda los tiempos de la cargada priista, aunque sin tener del todo garantizada la disciplina de los perdedores, pues ahora existen opciones de salida. Mientras escribo este texto, en Morena procesan los resultados de unas encuestas de seguro “cuchareadas”, para usar un término del gusto del predicador de Palacio Nacional. 

Enfrente, la oposición unida en torno a la resistencia contra la demolición de lo construido a partir del pacto de 1996, eso que se ha dado en llamar el régimen de la transición, festeja que ha logrado procesar una candidatura capaz de convertirse en fenómeno de opinión pública, en un proceso que no cumplió con las expectativas creadas, pero al menos no acabó como el rosario de Amozoc entre los dispares socios de la alianza. 

La ya segura candidatura de Xochitl Gálvez ha sido un auténtico soplo de oxígeno para unos partidos moribundos, que intentarán aferrarse a su probable éxito para salvar los trastos y mantener, al menos, cotos de poder legislativo para unos liderazgos más que agotados. Sin duda se trata de una mujer avispada y simpática, sin delirios megalomaníacos y con disposición a escuchar, pero está impregnada por las miasmas que desprenden los cadáveres insepultos de los partidos que la rodean. Su candidatura sólo será exitosa si logra generar un halo de ciudadana independiente, capaz de sacudirse el influjo de los acedos políticos que la postulan, representantes de todo aquello que los electores rechazaron en 2018. 

Más allá de su simpatía personal, para atraer a los electores desencantados por el fiasco de este Gobierno tendría que rodearse de un equipo de personas honradas y técnicamente capaces, con propuestas serias para construir un nuevo pacto social de reconstrucción estatal, para enfrentar no sólo a las organizaciones criminales, sino al imparable avance de los militares que, con el pretexto de combatir al bandidaje, se están haciendo con el control de los restos del Estado formal, en un proceso que retrotrae al México del siglo XIX.

La tarea se antoja harto complicada. Aunque los diagnósticos a bote pronto de Gálvez parecen sensatos, a la hora de las propuestas no sale de los lugares comunes y parece entrampada en las fórmulas fallidas de los últimos años en el tema crucial del control territorial y la reducción de la violencia cuando evoca las políticas del Gobierno de Felipe Calderón y se apoya en Francisco García Cabeza de Vaca como encargado de su programa de seguridad. Ni una palabra del necesario cambio en la política de drogas, por ejemplo.

Por su parte, la tercera fuerza de la política mexicana, Movimiento Ciudadano, está entrampada. Su apuesta por convertirse en un polo de atracción para los votantes de izquierda que no comulgan con las ruedas de molino del populismo presidencial y para los jóvenes que impulsan las causas del medio ambiente, el feminismo y la construcción de un Estado de derechos se ha visto lastrada por su enorme dependencia de políticos locales con arrastre, pero sin convicción real de cambio, como Enrique Alfaro o Samuel García, cada uno viendo por su propia supervivencia. 

El empeño del dueño histórico de MC por tener candidatura propia y no sumarse a uno u otro bloque tendría sentido si la coalición PAN–PRI–PRD hubiese postulado a un político tradicional, pero la candidatura de Xóchitl Gálvez hace mucho más difícil vender la idea de autonomía, en un momento en el que la alternancia resulta deseable para todos aquellos que no votarán por el continuismo al que aspira López Obrador. Una candidatura del Gobernador de Nuevo León sería un despropósito, mientras que cualquiera otra sería sólo testimonial, a no ser que el despecho de Marcelo Ebrard lo llevara al rompimiento, cosa que Dante Delgado parece estar anhelando. 

¿Tendría Ebrard posibilidades de ganar la Presidencia como candidato de MC? No lo creo. Frente a dos candidatas fuertes, un señor baby boomer que lleva cuatro décadas de partido en partido y sin una pizca de carisma, en una elección muy polarizada, no movilizaría más que un puñado de votos, por más que presentara un programa político despampanante. La incógnita sería, entonces, a cuál de las dos candidatas le quitaría unos cuantos votos cruciales en un escenario de resultados muy cerrado, parecido al de 2006.

Bien haría MC en buscar un buen acuerdo, con miras a un futuro Gobierno de coalición que activara los mecanismos semiparlamentarios aún no probados de la Constitución. Ahí sí que podría convertirse en la bisagra necesaria para articular el gran pacto político que requiere el país para refundar la organización estatal, ahora sí un nuevo régimen que instaure un Estado social de derechos con amplia legitimidad fiscal, para superar la violencia, institucionalizar el bienestar y dejar atrás, de una vez por todas, el arreglo autoritario, corporativo y clientelar que impide la superación de la pobreza y le impide a México aprovechar plenamente su potencial económico y social.

Fuente: Sin Embargo