Me gustaría creer que hay salidas ante el dilema en el que está el INE pero, sinceramente, no alcanzo a verlas, pues las premisas que enfrentan al Ejecutivo con el órgano autónomo son irreconciliables: el presidente sostiene que la consulta sobre la revocación del mandato puede organizarse con los recursos que ya están aprobados, aunque tengan que modificarse los procedimientos establecidos en la ley; y el órgano electoral afirma que su obligación es seguir las reglas del juego previstas y que eso resulta inviable si no cuenta con más presupuesto.

Para la Corte será imposible zanjar ese debate sin vulnerar alguna de esas premisas diametralmente opuestas: o bien le otorga al INE facultades plenas para saltarse las reglas e improvisar soluciones que privilegien la austeridad, o bien le instruye a la Cámara de Diputados a aprobar los recursos que faltan para cumplir a cabalidad con todos los requisitos descritos por la ley de revocación de mandato. No existe ninguna solución intermedia: o se quebranta la ley para ahorrar el dinero, o se entrega el dinero para cumplir con la ley.

La Corte aplazó su veredicto hasta que sea inminente que se reunieron las firmas para convocar esa consulta que, como dice la norma vigente, debe hacerse exactamente de la misma manera y con las mismas casillas que se utilizaron en la elección federal. Y aunque eso no lo sabremos sino hasta bien entrado el 2022, dudo que el aparato político que respalda al gobierno fracase en su cometido: si se han propuesto reunirlas.