No es un problema grave de finanzas públicas —aunque podría llegar a serlo— sino de gestión y transparencia; sin embargo, todo indica que no saltó a la escena pública con el ánimo de corregir de una vez por todas esas deficiencias sino por criterios de oportunidad política —como sucede casi siempre en nuestro nuevo régimen, cuyos dueños suelen jugar a las vencidas con cualquier tema que les venga a mano—. Y es que tras dos meses de debate público las causas y consecuencias del problema de la deuda se han ido borrando poco a poco hasta convertirse en un nuevo conflicto entre los equipos de Moreira, en la esquina del PRI y del gobierno de Coahuila, y de Ernesto Cordero, en la esquina opuesta de la Secretaría de Hacienda y el panismo.

Con todo, el origen de esta nueva disputa entre partidos no es trivial: en el mes de junio la Auditoría Superior de la Federación, adscrita a la Cámara de Diputados, presentó el Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y de los Municipios 2000-marzo 2011, en el que alertó sobre el notable crecimiento de las obligaciones contraídas por los gobiernos locales del país durante los dos últimos años, que a su vez consolidan la tendencia de los gobiernos estatales a contratar créditos cada vez más amplios desde el comienzo de este siglo. En efecto, entre el año 2000 y el 2006 la deuda pública de los estados se duplicó, pero de entonces a la fecha ha crecido 3.5 veces: pasó de 90 mil 731 millones en 2000, a 315 mil 18 millones en el primer trimestre de 2011 —o a 363 mil 422 millones según el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero del país—. Pero lo más preocupante sucedió apenas en el último bienio: 49 mil millones fueron contratados solamente en 2009, mientras que en 2010 el saldo aumentó en 62 mil 500 millones más.

No es un problema grave todavía, pues esas deudas representan, en promedio, el 2.5% del Producto Interno Bruto de las entidades. Y no existe ningún parámetro para medirlas que anuncie quiebras estatales o crisis de imposible manejo financiero. Pero como siempre en los asuntos del federalismo, no todos los estados caben en la misma cesta. La mayoría mantiene rangos de endeudamiento público más que razonables y algunos ni siquiera han buscado recursos adicionales a los que obtienen por el fisco para pagar sus gastos. En cambio, Coahuila, Morelos, Quintana Roo y Veracruz aumentaron sus deudas más del 100% entre 2007 y 2010 y Coahuila, en particular, incrementó sus obligaciones financieras durante esos tres años en 1,371% —aunque en el conjunto su deuda aparezca en el lugar número 13 de la lista de 32 entidades del país—. Y si se mira el lapso crítico de 2009 a 2010, solamente 10 entidades federativas acumularon —como se muestra en el cuadro— más del 75% de las deudas contratadas por las entidades del país.

Elaboración propia, con los datos de la Auditoría Superior de la Federación: Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y de los Municipios 2000-marzo 2011.

La deuda contratada en 2009 tuvo acaso una justificación: la caída de las participaciones federales en ese año equivalió a los recursos que los gobiernos estatales dejaron de percibir como efecto de la crisis de aquel año. Pero es imposible extender esa razón a los empréstitos firmados en 2010, cuando los estados recuperaron los recursos fiscales y volvieron a su nivel de gasto previo. Y menos aún cuando los datos disponibles nos informan que cerca del 90% de las gastos efectuados por los gobiernos estatales responde a obligaciones laborales, al pago de servicios públicos y a los contratos jurídicos y financieros de reciente cuño. Es decir, a pagos que no se corresponden con la prohibición expresa señalada en el artículo 117 de la Constitución Política que ordena: “no contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas”.

Cosa que en la práctica no todos cumplen ni podemos saber a ciencia cierta —por la falta de sistemas fieles de rendición de cuentas— en qué medida lo dejan de cumplir.

Pero este conjunto de alarmas encendidas se convirtió en litigio público cuando se supo que Coahuila —ese dominio político de don Humberto— no sólo había multiplicado sus empréstitos de manera exponencial sino que además había dejado de informar de ellos a la Secretaría de Hacienda, como lo pide expresamente la Ley de Coordinación Fiscal y, para colmo, había configurado un posible fraude fiscal al presentar papeles aparentemente apócrifos a nombre del Congreso estatal y del gobierno federal para obtener un crédito de hasta un mil millones de pesos con el Banco del Bajío. Así, el problema de la deuda y de su manejo desigual por las entidades del país se trasladó de plano al combate partidario: los funcionarios de Hacienda, encabezados por Ernesto Cordero, emprendieron una amplia campaña mediática para desacreditar al ex gobernador, mientras que en el PAN se rasgaban las vestiduras por la inmoralidad acreditada en la gestión del nuevo presidente de su oposición. Y por su parte, Moreira mismo y los voceros del partido que dirige salieron a los medios a acusar a Hacienda y al gobierno federal del uso faccioso de los calendarios de pago de las participaciones y de las transferencias federales a las entidades y, de paso, a exigir que la Cámara de Diputados incremente en serio los recursos destinados a los gobiernos estatales para evitar —según el PRI— que se vean obligados a pedir prestado.

Convertido en otro pleito de cantina, el incremento de la deuda volverá a pasar inadvertido o quizás oculto tras las denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal en contra de los funcionarios de Coahuila. Pero el verdadero problema es otro y no deja ya lugar a dudas: que el dinero público que emplean las entidades no está sujeto a un verdadero sistema federal de rendición de cuentas y que, más bien, funciona como patrimonio de los gobiernos que lo usan. Por buenas o por malas razones, el de la deuda pública es uno más de los datos que ya se van amontonando como evidencia de la necesidad de poner al día la gestión de los gobiernos del país, en clave democrática. Ya aprendimos a distribuir el poder público entre los partidos, pero todavía no encontramos el camino para exigirles cuentas claras de su desempeño.

Publicado en la Revista Nexos, octubre 2011.