Hay problemas públicos que, por su naturaleza propia, no pueden resolverse con la sola acción de los gobiernos (y tampoco sin ellos). Aunque éstos tuviesen la mejor voluntad, todos los recursos y todas las capacidades, algunos de los temas que lastiman la vida pública del país reclaman tanto la participación activa de quienes los padecen como el abandono de las rutas exclusivamente burocráticas, monopolizadas por quienes ocupan cargos públicos de manera temporal. En una nuez: no todas las soluciones son unidireccionales.

Algunos autores han intentado clasificar problemas para situar, a su vez, las estrategias que los gobiernos podrían seguir para lidiar con ellos. De aquí se han derivado definiciones, que ya son clásicas en los estudios de administración pública, para distinguir las políticas que asignan recursos públicos a tareas o grupos específicos de aquellas otras que redistribuyen beneficios para evitar que sean acaparados por algunos en detrimento de la mayoría (es decir, que modifican deliberadamente el acceso a los recursos disponibles); y de otras más, que regulan la actividad de los particulares a través de normas, echando mano de la así llamada facultad de imperio del Estado; o que de plano crean nuevas condiciones constitucionales para reorganizar la vida colectiva. Esto es así, porque no todos los problemas se arreglan con las mismas soluciones: en la caja de herramientas del Estado hay mucho más que fajos de dinero.

Hay problemas estructurales que se derivan de la lógica competitiva y desigual del régimen capitalista, donde la mayoría llega al mundo con graves desventajas y está condenada, por su solo origen (que nadie elige), a remontarlas a lo largo de su vida: mitigar esa desigualdad originaria con derechos garantizados, asignaciones atinadas y políticas redistributivas es una obligación básica de los gobiernos. Hay otros problemas llamados emergentes —como la pandemia, por poner un ejemplo exacto— que no pueden ignorarse y que distraen recursos y atención urgente para evitar que causen más estragos a la sociedad. Y hay otros que son problemas recurrentes, necios, que son producto de la convivencia y de la organización social.

Entre estos últimos —los llamados problemas recurrentes— la inseguridad, la corrupción y el acceso a los servicios públicos son los más sensibles. Se identifican, entre otros rasgos, porque ninguno de ellos puede resolverse de una vez y para siempre, porque su eficacia no depende por completo de las decisiones de las burocracias, y porque no pueden atenderse solamente con dinero público. Léase bien: los tres necesitan de la acción eficiente del Estado, pero esa condición es insuficiente para lidiar con ellos. Para afrontar todas las formas de violencia, para clausurar los pasillos de la corrupción y para afirmar el acceso justo a los servicios públicos, es absolutamente indispensable la colaboración organizada de la sociedad.

Pero esa relación de apoyo mutuo es imposible si los gobiernos rechazan cualquier auxilio que no surja de sus propias filas y si descalifican cualquier información que no corresponda con sus expectativas. Y el nuestro, me consta, se ha negado a convocar a una conferencia nacional de paz donde se armonicen todas las voces agraviadas por la violencia; ha ignorado las evaluaciones y las propuestas objetivas para combatir la corrupción vigente; y ha desdeñado la información puntual y la mano abierta de instituciones académicas y de organizaciones colectivas para mitigar el desabasto de medicamentos, entre otros muchos puentes tendidos en cuatro años para enfrentar esos problemas necios.

El gobierno necesita auxilio y no sólo obediencia ciega. Pero como dice el refrán: es mucho más ciego quien se niega a abrir los ojos.