El debate público en torno a la problemática existente en la gestión gubernamental, incluyendo por supuesto el tema de la corrupción, se bifurca en dos escenarios: la emotividad y la objetividad. Una ponderación de ambas perspectivas se convierte en la guía para implementar medidas que jueguen una suerte de antídoto contra el problema que se enfrenta.

El componente emotivo se alimenta de un sentimiento de frustración, engaño y desesperanza. El reclamo se convierte en su principal producto; es valioso porque presiona para el cambio. La urgencia es quizás el sello que lo mantiene vivo, pero, al mismo tiempo, el elemento que lo puede conducir a caer en lo inmediato.

Por su parte, el factor objetivo debe basarse en soluciones sustentadas, a su vez, en evidencia, mediciones y/o experiencias documentadas, que proyecten resultados congruentes y bien dimensionados.

El choque entre ambas posturas puede estar en función de diversas variables que van desde las percepciones actuales, la calidad de la información y opiniones a disposición del ciudadano común, el nivel de satisfacción de las necesidades prioritarias, y las experiencias del pasado. El concepto de lo políticamente correcto se sesga generalmente hacia la parte emotiva y se desentiende de la frialdad de lo objetivo.

Pues bien, el ejercicio profesional de la auditoría es una disciplina que debe estar alejada, como elemental sentido de subsistencia, de la parte emotiva del debate público y del sentir social.

Dos son las herramientas con las que cuenta un auditor para poder desempeñar sus funciones cabalmente: independencia y autonomía. La independencia del auditor radica, esencialmente, en la necesidad de que sea ajeno al ente auditado, a la contienda política e, inclusive, a las corrientes de opinión pública, con el fin de realizar su trabajo sobre la base de la veracidad e imparcialidad.

Por su parte, la autonomía es una condición indispensable para que la labor de la institución que fiscaliza, se efectúe al margen de presiones e influencias externas, tanto en la parte técnica de su trabajo, como en la forma de administrar sus propios recursos humanos y financieros.

Desde mi perspectiva, el mayor valor de un ejercicio de auditoría es la información que genera sus resultados. Por ello, el próximo 18 de febrero durante la presentación del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 ante la Cámara de Diputados —que incluye más de mil 400 auditorías—, la Auditoría Superior de la Federación ha elaborado un Informe General que incluye la identificación de condiciones que dan lugar al surgimiento de vulnerabilidades en 13 áreas vinculadas a la gestión de las entidades públicas. Este tipo de análisis busca generar una corriente en la cultura de la administración pública que se concentre en los asuntos prioritarios en función de su impacto en el conjunto del sector público y permita proporcionar soluciones concretas a problemas estructurales comunes y reiterativos.

Estoy consciente que puede sonar anticlimático decir que los resultados objetivos e imparciales de nuestras revisiones son el mayor aporte de la Auditoría Superior de la Federación, pero precisamente esos son los elementos que pueden alejar a nuestra democracia del riesgo de las argumentaciones simples y los lugares comunes.

Fuente: El Universal