El debate en torno al llamado “derecho al olvido”, que ha resurgido en días pasados, tras la resolución de un tribunal de dar marcha atrás, a una petición del INAI a la empresa Google, donde pedía la eliminación de información de un particular de sus motores de búsqueda, es un tema digno de una reflexión, pues las implicaciones que puede llegar a tener en materia de libertad de prensa y derecho al acceso a la información son sumamente relevantes.

El término “derecho al olvido” acuñado para justificar la desaparición de información en los motores de búsqueda de internet, con el argumento de que afectan datos personales, puede dar pie a la desaparición de información relevante que, en muchas ocasiones, solo puede rastrearse por internet. Además, pone en riesgo el acceso a materiales de investigación y, en suma, el ejercicio de la libertad de prensa y el acceso a la información, que son pilares del periodismo. En la idea de derecho al olvido, un particular puede exigir que desaparezca de la web cierta la información que considera que le afecta.

La Red por la Defensa de los Derechos Digitales ha expuesto los riesgos que puede llegar a tener la legislación de este tipo de acciones. “El mecanismo sigue siendo incompatible con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e impráctico en la realidad” (Animal Político, 2016). La realidad es muy compleja y las experiencias internacionales en torno a este tema, también han sido polémicas. Por un lado, se encuentra el derecho de las personas sobre sus datos personales y, por el otro, el derecho de acceso a la información y a la memoria histórica de los acontecimientos de interés público.

El derecho al olvido está en medio y el riesgo principal es la obstaculización de información de interés público, así como la amenaza latente a la libertad de expresión, que ha sido una lucha histórica en el país. Incluir el “derecho al olvido” en la nueva Constitución de la Ciudad de México sentaría un precedente grave para los derechos que la ciudadanía ha ganado en los últimos años. Por supuesto, cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad de una persona, debe protegerse. Del mismo modo, la publicación de información, debidamente comprobada, debe considerar esquemas claros para que el medio pueda resarcir daños —si existieran. Para ello deben diseñarse mecanismos más eficientes, pues muchas veces las demandas por daño moral, toman demasiado tiempo.

Habrá que estar pendientes de las discusiones que se den en torno a este tema durante la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Es necesario privilegiar los avances en derechos. Por otro lado, tampoco deben desdeñarse las experiencias internacionales en la materia. En la Unión Europea, por ejemplo, se ha desarrollado suficientemente el estudio del derecho al olvido, sobre todo a partir de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de Google España (Mayo, 2014). Si bien la sentencia del TJUE avaló la prerrogativa del ciudadano a eliminar información lesiva de su buen nombre, la conferencia de ministros de justicia de la UE tomó la sentencia como lo que es: una decisión que puso sobre la mesa un debate de proporciones grandes. Los ministros de justicia de la UE han considerado que, dado que el derecho al olvido colisiona, en algunos casos, con otros derechos esenciales (libertad de prensa, libertad de expresión y acceso a la información), la mejor vía de entenderlo y aplicarlo es el análisis casuístico. Así, la discusión sobre este tema no está ni remotamente acabada en el mundo y tampoco en México. Por su relevancia y sus implicaciones en términos sociales, políticos y, sobre todo, de justicia constitucional, es fundamental que las decisiones que se tomen al respecto tengan la robustez de haber surgido de una discusión pública nacional. En el ámbito de los derechos, éstos ni se negocian, ni se consultan, pero sí se pueden forjar de la mejor manera posible, de suerte que no resulten contradictorios entre sí.