Por: CIDAC

Habitualmente se piensa que la experiencia conlleva aprendizaje y evolución. Esto es cierto en la mayoría de los casos, aunque la naturaleza de dicho aprendizaje no necesariamente implica hacer mejor las cosas. Ejemplo de esto es el sistema electoral en México. A la luz de múltiples acontecimientos vistos a lo largo de la presente temporada comicial, la semi-nacionalización del árbitro electoral –con su consecuente expansión, encarecimiento, y entorpecimiento—y la sobrerregulación que pretende evitarlo todo –campañas negativas, opacidad en la procedencia y el ejercicio de los recursos, actos ilegales de proselitismo, intervención de autoridades—pero no castiga nada y, cuando lo hace, aplica la ley con raseros diferentes, ha dado como resultado una serie de absurdos judiciales, de tolerancias a conductas cínicas de los partidos políticos, y a un adefesio de democracia procedimental cada vez más lejana del ciudadano.

Desde la reforma que dio origen a la ciudadanización del Instituto Federal Electoral hace casi dos décadas, el marco jurídico que rige la manera en la cual se accede y reparte el poder en el país se ha modificado en diversas ocasiones. Durante este tiempo, las autoridades han promovido todos esos cambios con el argumento de estar perfeccionando las reglas del juego, hacer la arena electoral más equitativa, y fomentar con mayor intensidad la participación ciudadana. Al revisar los resultados, lo evidente es que lo legislado se parece más a un arreglo donde los partidos políticos dominantes garantizan su acceso preferente a las prerrogativas de un sistema electoral muy hábil en distribuir recursos con alto grado de discrecionalidad. Por su parte, dados los escándalos, la creciente pobreza de la discusión y la propuesta política, la impunidad bajo la cual operan funcionarios y actores políticos, y la indiferencia mostrada ante el descontento de los ciudadanos por los abusos de las élites gobernantes, los votantes ven con hastío estos tiempos previos a la elección.

Las luchas electorales se parecen a guerras floridas entre los partidos, es decir, una pugna cuyo propósito es más bien ritual –a pesar de que se golpeen con todo—, pero se encuentra poco enfocada en agenciarse el respaldo de los electores por la vía de la presentación de proyectos de gobierno y, peor todavía, de diferenciarse entre sí por su enfoque en el ejercicio público. Esto da pie tanto al hartazgo como a la impotencia respecto a cómo puede surgir un cambio positivo para el nada envidiable estado del país, si se preservan las condiciones actuales. Esto explica que el abstencionismo y el voto nulo aparezcan como espectros que preocupan a algunos analistas, académicos, y organizaciones de la sociedad civil interesadas en el fortalecimiento de la democracia. Los partidos pequeños se inquietan también porque básicamente compiten por una supervivencia que les redituará, al menos por los siguientes tres años, en el acceso a su porción de recursos públicos y demás prerrogativas si alcanzan incluso posiciones de mando. No obstante, esa angustia por convencer a los ciudadanos para salir a votar y no anular sus boletas, de ningún modo es compartida por las fuerzas políticas dominantes. A final de cuentas, mientras más desencantadas se hallen las personas del sufragio como herramienta de rendición de cuentas, el statu quo conserva su seguridad.

Cuando se habla de perfeccionamiento constante del sistema electoral, tal vez sí se estén refiriendo los partidos políticos a hacer mejor las cosas. Sin embargo, es importante no caer en la ingenuidad de que ese mejoramiento va dirigido a empoderar al ciudadano o a consolidar la democracia. De cara a las evidencias sucedidas a lo largo de las últimas semanas, nada más por hablar del entorno electoral, los partidos lo están haciendo mejor para permanecer impunes ante sus constantes mofas sobre las leyes, al secuestro total del Instituto Nacional Electoral, y a las ambivalencias de los tribunales electorales. Sin duda, como ocurre en muchos ámbitos de la vida, sobre-regular suele complejizar todo, generar incentivos perversos para no jugar limpio, ahorcar la competencia y, más grave, echar a perder lo avanzado.