El resultado de las elecciones constituyentes en Chile podría tomar por sorpresa a un observador casual. Ese país que hace apenas un año parecía estar atravesando una transformación de corte progresista, con un flamante presidente treintón y con tatuajes y una nueva Constitución aparentemente encaminada, ahora parece haber tomado el rumbo contrario. El domingo, en la elección de delegados para redactar la nueva Carta Magna, los candidatos de derecha se impusieron con el 62% de los votos y probablemente se aseguren de que el modelo económico promercado que imperó en Chile en las últimas décadas siga más o menos intacto en el futuro.
Para la izquierda latinoamericana en general, la lucha contra el delito rara vez ha sido una prioridad, y hay que reconocer que el gobierno de Boric supo dar un giro para tratar un asunto “que no estaba en nuestro radar cuando llegamos”, como me dijo con franqueza un funcionario. El presupuesto de 2023 prevé un incremento del 4,4% en gastos de seguridad, y Boric también invirtió fuerte en nuevo equipamiento policial y envió a las fuerzas militares a frenar el flujo de migrantes indocumentados a lo largo de la frontera con Perú. Para una parte del electorado de Boric, fueron medidas de mano dura, pero como señaló otro funcionario, “Entendimos que si no lo hacemos a nuestro modo, valorando la democracia y los derechos humanos, la derecha será mucho peor”. Sin embargo, los diplomáticos extranjeros advierten que para lidiar con la amenaza en ciernes del crimen organizado, a Chile todavía le falta equipamiento, mejor inteligencia interior y un nuevo marco legal. “Están atrasado 20 años”, me dijo un diplomático extranjero destacado en Santiago. Y desde luego, los políticos de todo el espectro ideológico machacan una y otra vez con la inseguridad. El partido de José Antonio Kast, el ultraconservador que perdió frente a Boric en el ballotage presidencial de 2021, fue el gran ganador de este domingo.
Pero si alguien cree que el delito es un problema solo para la izquierda, que mire lo que pasa en Ecuador, donde el principal motivo que tiene al presidente derechista Guillermo Lasso al borde del juicio político es un aumento aún más alarmante de los homicidios y el crimen organizado. Y el presidente conservador de Uruguay tiene enormes problemas para controlar un índice de homicidios que el año pasado aumentó un 25% y ahora triplica el de Argentina, donde incluso con una inflación galopante y una probable recesión en ciernes, el delito compite con la economía como la mayor preocupación de la gente de cara a las elecciones presidenciales de octubre. Si bien los motivos varían un poco según cada país, un denominador común es el insaciable apetito de drogas de los mercados tradicionales de consumo, como Europa y Estados Unidos, pero también, y cada vez más, dentro de la propia región. “América Latina hoy produce más cocaína que nunca, y eso repercute no solo a lo largo de los Andes, sino en toda Latinoamérica”, dice el experto en delito Jeremy McDermott.
Fuente: La Nación