A una semana de la elección, un porcentaje importante de los electores (24% según GEA-ISA, 20% según Reforma, 12% según Mitofsky) aún no sabe o no quiso contestar por quién votará. Esto a decir de varias encuestadoras las cuales se ha visto que en esta elección, han servido más de propaganda política para partidos y medios de comunicación que como un instrumento de información para la ciudadanía. Con hasta 20 puntos de diferencia en los resultados entre unas y otras, 16 empresas encuestadoras concentran un alto porcentaje del mercado y generan ganancias millonarias, sin embargo, a diferencia de otros procesos electorales en donde estos ejercicios eran limitados, en esta ocasión se han realizado 134 encuestas pagadas de las cuales solo 67 están registradas ante el IFE (es decir más del doble que en 2006).
Estas disparidades han generado rechazo por parte de actores politicos y sociales (entre ellos el movimiento #yosoy132) así como preocupación en las instituciones electorales, ya que como se ha señalado, varios de estos ejercicios carecen de seriedad metodológica y por lo tanto de credibilidad. En el quinto informe del Consejo General del IFE (31 de mayo) se destaca que varias de las encuestadoras no cumplen con los requisitos establecidos y además existen empresas que han omitido entrega de información. Según el IFE, 11 de los 69 estudios recibidos presentan irregularidades. Como problema relevante, principalmente en las entidades del país, se detecta el que se difunda publicidad bajo el formato de “encuesta” sin que haya respaldo alguno. Ante esta situación el IFE realizó en días pasados un foro sobre metodologías y alcances de las encuestas, sin embargo, esto no sirvió para frenar ni la confusion generada entre el electorado ni el abuso por parte de las encuestadoras a las cuales habría que exigirles estándares de rigor y transparencia y ser sancionadas en caso de no cumplir con estos criterios.
Por otro lado, esta semana el IFAI enfrentó resistencias en su propia casa. El cuestionado Comisionado Gerardo Laveaga no solo fue de los pocos en oponerse a la decisión del pleno que haciendo uso del criterio de “maxima publicidad” obliga una vez más al Servicio de Administración Tributaria, a difundir los nombres de las 679 mil 35 personas físicas y morales que resultaron beneficiadas con la cancelación de los créditos fiscales en 2007, por un monto de 73 mil 960 millones de pesos, sino que además en su oficina se ha propuesto que en las sentencias del IFAI, se eliminen los párrafos explicatorios que al final de las resoluciones sirven a la ciudadanía para conocer y entender el sentido de los votos y las sentencias del órgano garante. Desde su designación, Laveaga fue cuestionado por académicos y organizaciones sociales por su escaso conocimiento y compromiso con la transparencia.