En los estados del país, con excepción de Jalisco, no hay claridad de cuánto es el presupuesto que se asigna cada año a las instituciones dedicadas a sus programas de prevención y combate anticorrupción, lo que significa que trabajan “a ciegas” y sin conocer los resultados del uso de esos recursos, asegura ONG. “Es muy difícil evaluar una política pública si no sabes cuántos recursos le estás asignando y si tampoco sabes si se están usando de una manera efectiva o no; es como estar trabajando con una gran venda negra en los ojos sin saber ni cuánto, ni para qué, ni quién ejerce, cuánto ejerce, para qué ejerce, es básicamente estar trabajando a ciegas”, asegura en entrevista con MILENIO, Liliana Alvarado, directora general de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

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