Para el documento se analizaron factores como si los tribunales superiores y consejos de la judicatura de las entidades del país cumplían con las obligaciones de transparencia que les marca la ley, si la información es accesible fácilmente desde sus sitios de internet y si es entendible, entre otros puntos.

Entre las 53 obligaciones de transparencia que tienen que cumplir dichas entidades, más de la mitad de no presentaron la información completa.

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