Acusa, en la misiva, a la CNTE “de buscar deliberada y abiertamente, subvertir el orden jurídico en materia educativa que tanto trabajo nos ha costado darnos a los mexicanos”.
Refirió que el pasado 21 de octubre, Mexicanos Primero presentó una solicitud de información a la Secretaría de Gobernación para conocer los acuerdos derivados de dicha negociación y la dependencia tiene hasta el 20 de noviembre para responder a esta petición ciudadana de transparencia.
La preocupación del presidente surge de una nota períodística que sugiere que dichas negociaciones pudieran ya estar vulnerando la ley en aspectos clave como el nombramientos, evaluación magisterial, servicio profesional docente, rectoría del Estado, en detrimento de la calidad educativa que es derecho de todo niño y joven en México.
Le advirtió que sería grave, “que se esté negociando de espaldas a la ciudadanía y en contra de la ley. Por ello, expuso en la carta que la ley está para aplicarse, no para negociarse, que la ley no es patrimonio de Presidente, secretario o Gobernador alguno, toda autoridad está obligada a aplicar la ley. De otro modo traiciona su mandato y está sujeta a responsabilidad. Este nos es sólo un tema educativo, es un tema de Estado de derecho”.
Señala que la reforma normativa en materia educativa es sólo el primero de muchos pasos que se tienen que dar para transformar a profundidad un sistema educativo que por décadas ha puesto a los niños y jóvenes contra la pared y ceder al inicio vulneraría todo el edificio que se pretende construir.
Considera que México no se puede dar el lujo de derrochar la oportunidad histórica de mejora que ofrece la reforma al Artículo Tercero Constitucional.
El presidente consideró que no se deben crear estados de excepción para la aplicación de la ley y menos en donde más se necesita que se operen. Oaxaca, Michoacán y Guerrero son los tres sistemas educativos más atrasados del país y quizá también los más corruptos.
Dice que no es justo que la autoridad permita que se atropellen los derechos de niños, jóvenes y maestros, así como de los ciudadanos afectados por marchas, plantones y tomas, mientras se atiende con alfombra roja a quienes delinquen y buscan mantener prebendas malhabidas.
“La autoridad está para asegurar los derechos de todos en lugar de ceder ante los chantajes de grupos notoriamente corruptos”, dijo.
Advierte que si el Gobierno cede ante la presión de estas cúpulas el mensaje para todos los grupos de interés empeñados en mantener el status quo será muy claro: el chantaje es la avenida para doblar al Gobierno y en poco tiempo el Gobierno puede quedar rebasado.
Por ello, llama al secretario, a la aplicación de la ley en todo el territorio nacional, sin excepciones.
Recuerda que la reforma legal fue impulsada por el Pacto por México y aprobada por todas las fuerzas políticas del país y por los Congresos de más de dos terceras partes de los Estados de la República. Es ley suprema y no es posible permitir que grupo alguno la rompa o sea exceptuado de su aplicación.
La defensa de la ley es obligación para la autoridad. De no hacerlo se estaría traicionando a los legisladores y partidos que votaron la ley, al Pacto por México, a la ciudadanía, a la incipiente reforma educativa, y sobre todo, a los niños, jóvenes y maestros que merecen un mejor futuro.
