El Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE) identificó peligros en la llamada reforma 2.0 en la materia, ya que deja abierta la posibilidad de archivar investigaciones a discreción y de hacer compras chuecas.

El órgano consideró que lo avalado la semana pasada es una contrarreforma al SAE y un retroceso, particularmente en los órganos internos de control (OIC) y en las compras gubernamentales.

“Nos queda claro que es una reforma bastante conservadora con algunos, todavía, peligros y riesgos de ‘vuelta en u’ en la lucha contra la corrupción”, enfatizó la presidente del CPS, Annel Alejandra Vázquez Anderson, quien consideró que hay una “andanada poderosísima” contra el ente ciudadano.

“(Quedó) un CPS sin presupuesto y sin honorarios, con una reforma light, con algunos incluso elementos de contrarreforma que, debo decir, que pudo haber sido peor”, abundó.

Tras la reforma, el CPS aprobó exhortar a los alcaldes electos de los 125 Municipios para que emitan una convocatoria abierta para seleccionar a los titulares de sus respectivos OIC basándose en su mérito, su capacidad y su integridad. El exhorto incluye la propuesta de apoyarlos y darles asesoría en la metodología para garantizar un proceso de designación por oposición.

Por su parte, el integrante del CPS Jesús Ibarra Cárdenas destacó que la reforma contempla la obligación de que los ayuntamientos realicen una convocatoria abierta en los primeros 15 días de la nueva administración; sin embargo, no señala qué características debe tener ese proceso.

Además, indicó que uno de los principales riesgos de la contrarreforma es que el titular de cada dependencia tendrá la facultad de designar al encargado del área de investigación de su respectivo OIC, lo cual es contrario a una propuesta realizada en 2019 por el CPS, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la academia, misma que confería esa atribución al titular del OIC a fin de garantizar su autonomía.

El integrante del CPS expuso además que la nueva ley permite al encargado del área de investigación de los OIC archivar y concluir investigaciones sin necesidad de que lo apruebe el titular de estos órganos.

Asimismo, lamentó que la reforma no incluyó una ley de designaciones y servicio profesional de carrera que se había contemplado para fortalecer el combate a las “cuotas y cuates”.

Fuente: NTR Guadalajara