Por: José Luis Huape Rodríguez
Es vox populí que ciertos servidores públicos extorsionan a empresarios que proveen de bienes o servicios a la Federación, Estado o municipios.
En antaño se hablaba del “diezmo”, o sea, que servidores públicos pedían a proveedores el 10% del precio del contrato si querían trabajar con ellos. Ahora se pasan de lanza, se habla del 15% y 17% del precio del negocio.
Hay quienes piden que la dádiva sea entregada de la primera estimación o pago parcial del negocio; incluso hay quienes la piden por adelantado forzando al contratista a sacar dinero de su bolsillo o recurrir a préstamos caros para pagar el derecho a trabajar.
Es cierto que muchos contratos están sujetos a licitaciones públicas, pero los encargados de administrar los recursos del pueblo se dan la maña para que resulte vencedor del concurso el proveedor que reúna tres condiciones: 1. Que sea cuate; 2. Que se moche con el encargado de la contratación y 3. Que esté dispuesto a renunciar a licitaciones cuando se lo pidan de arriba.
¡Qué decir de las asignaciones directas de contratos! Pues que es un verdadero festín para los extorsionadores.
Las corruptelas gubernamentales no paran ahí, son tantas y tan variadas como la imaginación chapucera puede concebir. Se extienden, entre otras modalidades, al otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones o concesiones de bienes y servicios públicos.
Los empresarios que le entran al cohecho no son hermanitas de la caridad precisamente, pero no tienen de otra si quieren trabajar.
Inexplicablemente la Secretaría de la Función Pública ni la Contraloría General del Estado han detectado que no hay proporción entre el ingreso declarado de servidores públicos que están en condiciones de decidir -directa o indirectamente- la contratación de bienes o servicios en nombre del gobierno y el incremento real a su patrimonio activo.
El 20 de agosto pasado el Secretario de la Función Pública emitió varios acuerdos encaminados a prevenir y combatir la corrupción gubernamental, entre ellos destaca la creación de un “Código de Ética” que a resumida cuenta recomienda a servidores públicos portarse bien, no hacer el mal y actuar con el corazón en la mano.
Para el caso de infracción a sus normas, el Código prevé como sanción “el remordimiento interno que llevará el servidor público por el resto de sus días”.
Otro acuerdo crea los “Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés” que deberán integrarse por once miembros -para que sea obeso y pasivo-, todos subordinados a los titulares de las dependencias y áreas de gobierno, a quienes habrán de cuidar las manos.
Estos acuerdos empezarán a aplicarse en un año y treinta días más. Para acabarla de amolar.
Los encargados de fiscalizar la conducta de servidores públicos saben que para combatir la corrupción sólo necesitan auditar al azar a servidores públicos en su patrimonio personal y a la dependencia de gobierno, para que en simples operaciones aritméticas salga la verdad.
Si se empieza un programa aleatorio de revisión a fondo, aunque sea de casos reducidos, los resultados inhibirán las malas prácticas, siempre y cuando no sean auditorias cosméticas para limpiar la imagen del funcionario, sino que obliguen al servidor público a pagar los daños y perjuicios ocasionados al patrimonio del Estado y si hay delito que pague por ello. No es el hilo negro, pero por ahí va.
PD. Vamos por una nueva Ley de Transparencia para BC sin paternidad política, emanada de la sociedad civil y sector público en beneficio de la sociedad.
Fuente: ObserBC
