El destino, monto y justificación del uso de los recursos públicos, es decir, las cuentas públicas constituyen de los pilares fundamentales de la rendición de cuentas. Por ello, resulta elemental que en el uso y planeación del presupuesto público exista información accesible, oportuna, clara y transparente que permita la vigilancia de la ciudadanía. Sin embargo, a pesar de los avances normativos e institucionales en materia de transparencia y de las diversas prórrogas para el cumplimiento de las normas en materia de contabilidad gubernamental, los gobiernos estatales continúan con graves deficiencias en la calidad de la información presupuestaria que publican, prevalecen rubros de fuerte opacidad y las nuevas obligaciones en contabilidad gubernamental son cumplidas sólo parcialmente, así lo constata la séptima edición del índice de información presupuestal estatal (IIPE 2014) realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), organización integrante de la Red por la Rendición de Cuentas.
A través de un análisis de 100 criterios agrupados en 10 secciones el IIPE 2014 utiliza la información pública (leyes y presupuestos) para analizar la calidad de la información presupuestal, es decir, apenas el primer paso para lograr rendición de cuentas en el uso de los dineros públicos. Si bien es cierto que de las 32 entidades del país, 22 cuentan con una calificación aprobatoria, de este total solamente 5 (Jalisco, Puebla, Colima, Sonora y Tlaxcala) poseen una calificación arriba de 80. Las 12 entidades restantes tienen una calificación reprobatoria, siendo los peores evaluados Michoacán, Guanajuato, Baja California, Quintana Roo y Chiapas en ese orden.
El IMCO detecta como áreas de preocupante opacidad los recursos destinados a servicios personales, los cuales han aumentado en promedio cerca del 40% en todos los estados y en casos como Durango y Zacatecas, sin justificación alguna, en más del 200% en los últimos 6 años. Otra área de opacidad es la situación de la deuda pública estatal y sus condiciones de contratación ya que ésta asciende a 489 mil 643.4 millones de pesos. Los estados más endeudados son, encabezando la lista: Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Coahuila y Estado de México. Solamente 10 entidades concentran el 75% de la deuda subnacional del país. Esto es preocupante cuando se constata que varias entidades aún no institucionalizan sus topes de endeudamiento y cuando no se rinden cuentas sobre el uso de este dinero. Finalmente, pareciera que la “caja chica” de los estados se concentra también en subsidios, fideicomisos, gastos en comunicación social, programas y apoyos al campo.
Ante este panorama el IMCO hace cinco recomendaciones puntuales y pertinentes las cuales son: i) que ya no existan prórrogas en el cumplimiento de la armonización contable, ii) que los estados institucionalicen y adopten las mejores prácticas en la elaboración del presupuesto de egresos y leyes de ingresos; iii) que los estados atiendan el desglose de la información presupuestal con reglas claras de asignación y administración de los recursos; iv) que los congresos estatales brinden certeza sobre la vigencia y legalidad de las leyes de ingresos y presupuestos de egresos disponibles y v) que la deuda estatal se contrate mediante un sistema de subasta pública donde los bancos compitan por ofrecer las mejores condiciones de tasa, comisiones más bajas y transparentes.
Sin información relacionada con el uso del presupuesto, los resultados que se obtienen y sin registros fidedignos, oportunos y comparables de los recursos públicos que se utilizan no podrá comprenderse el propósito público que lo justifica. Si no se logra cumplir con las condiciones mínimas de transparencia presupuestaria no podrá haber supervisión ciudadana y por lo tanto rendición de cuentas.