La primera vez que trabajé en el CIDE fue en 2001. Entré como
asistente de investigación a la División de Estudios Jurídicos
(DEJ), recién fundada como una apuesta por transformar la
anquilosada enseñanza del derecho en el país. El proyecto
buscaba enseñar al derecho no sólo como un conjunto de
normas, como lo hacían otras escuelas, sino como una
herramienta de solución de conflictos sociales. Desde la
investigación buscábamos documentar la realidad jurídica de
este país, en lugar de las normas impresas en papel. Mis
investigaciones de maestría y doctorado fueron gestadas en las
discusiones que en ese entonces había en la DEJ. Para el
doctorado realice una etnografía del Ministerio Público en la
Ciudad de México. Acompañaba a peritos y agentes a realizar
diligencias ministeriales, observaba el proceso de denuncia en la
barandilla y la toma de declaraciones a detenidos para entender
la gran brecha entre derecho y realidad.
Del CIDE surgieron las primeras encuestas a personas privadas
de la libertad en cárceles, que luego se usaron como base para
la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del
INEGI (hoy suspendida por las medidas de austeridad). Por
primera vez tuvimos en el país datos cuantitativos sobre tortura
durante las detenciones, sobre las condiciones carcelarias y
sobre las características sociodemográcas de las personas en
prisión. Esos datos permiten entender dónde están las fallas del
sistema penal mexicano, ese que el gobierno actual no ha
tenido interés en mejorar.

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Fuente: El Universal