En 1992 México contaba con 46 millones de personas en pobreza por ingresos. Veintitrés años y una infinidad de programas sociales después, la pobreza no solo no ha disminuido sino que ésta se incrementó a 60.6 millones de personas en 2012. Proporcionalmente hablando, no hubo un aumento radical pero tampoco una disminución: se pasó de un 53.1% de población en pobreza a un 51.6% en 2012. Esto en un país en el cual, según Oxfam, el 1% de la población concentra el 43% de la riqueza del país. ¿Qué es lo que ha pasado? Para la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, coalición de organizaciones sociales, el fracaso de las políticas y acciones contra la pobreza no se debe a la falta de diagnósticos ni a la ausencia de propuestas; sin embargo, existen una serie de problemas estructurales que han frenado la movilidad social y han producido que la pobreza y la desigualdad sean una especie de destino manifiesto, heredándose fatalmente por generaciones. Un ejemplo de esto lo documenta el estudio hecho por CONAPRED y el CIDE en el cual se registra que el presupuesto federal discrimina y excluye a sectores de población vulnerable como mujeres, niños, discapacitados, indígenas y adultos mayores. La falta de transparencia y rendición de cuentas han generado que en muchos de estos programas se desconozca la población beneficiaria, no se cuente con un padrón de datos suficientes y de acceso abierto, que los requerimientos de acceso a sean tan complejos que terminan por excluir a los beneficiarios y que los objetivos y los resultados esperados no son identificables  por lo que se acaba excluyendo a más del 30% de la población objetivo. Otros esfuerzos de organizaciones sociales como Transparencia Mexicana, Fundar y México Evalúa han registrado la opacidad y la incapacidad del gobierno para generar un efecto redistributivo en el diseño de la política social. Los más afectados son los jóvenes -con más de 7 millones viviendo de trabajos precarios, las mujeres -15 millones en trabajos con menor paga o fuera del mercado laboral y los indígenas -16 millones – que viven en situación de desigualdad. Para enfrentar el problema, en su primer aniversario, la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza propone no solamente exigir el cumplimiento de las metas suscritas por México como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sino que además propone una serie de acciones de entre las que destacan la exigencia de mayor rendición de cuentas y combate a la corrupción pare evitar la duplicidad de programas sociales que responden a ocurrencias políticas o a prácticas clientelares. También considera aumentar los mecanismos de participación y vigilancia social, que  se fomente un presupuesto “sin moches” congruente con las recomendaciones y resultados de evaluaciones y que se potencien las acciones de otras coaliciones de organizaciones  e instituciones como la Red por la Rendición de Cuentas.

Por otro lado, entre las acciones propuestas también se sugiere trabajar en el cambio de mentalidades. Es decir, como corresponsables de la desigualdad, la sociedad mexicana debe de cambiar la mentalidad de aquellos y aquéllas cuyas prácticas privadas fomentan el abuso y la exclusión como es el caso de modelos de negocio que pretenden apropiarse de riquezas naturales de pueblos indígenas o la falta de respeto a los derechos de las trabajadoras domésticas. Corrupción y desigualdad es la agenda prioritaria y es en la que habrá que trabajar en los años que vienen.